Recluida 7 años en una prisión de alta seguridad, acusada por delitos de delincuencia organizada (liderar una banda del narcotráfico) y lavado de dinero producto del tráfico de drogas, Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico, recuperó su libertad hace 2 años después de que un magistrado la absolviera por “falta de pruebas”; sin embargo, jueces y banqueros impiden ahora que recupere todos sus derechos ciudadanos por el estigma social de que es “una persona muy peligrosa” y que su dinero proviene de la relación con cárteles de la droga.

Primero, la presidencia de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Conducef), a cargo de Mario Di Costanzo, recibió el año pasado una queja “por discriminación de la banca”, al negarle a la empresaria Sandra Ávila la prestación de servicios financieros. El abogado que entregó dicho recurso acreditó ser el representante legal de la llamada Reina del Pacífico.

Pero las instituciones financieras que insisten en negarle a Ávila Beltrán servicios como apertura de cuentas, expedición de chequeras y hasta el uso de tarjetas de crédito y débito, argumentan que de aceptarle realizar operaciones financieras podrían recibir alguna sanción de las autoridades fiscalizadoras del país, que en este caso serían la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera; además, organismos internacionales como la OFAC (Oficina Federal para el Control de Activos del Tesoro estadunidense) han advertido a los bancos que deben fiscalizar a sus clientes a fin de evitar el blanqueo de capitales. Según Ávila Beltrán, el dinero en su poder es lícito, producto de actividades empresariales.

Un segundo caso en contra de Ávila Beltrán ocurrió apenas hace unos días, cuando el juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México negó liberar sus cuentas bancarias bajo el argumento de que “no acreditó ser la titular de las mismas”.

Por supuesto que ésta no sería la primera vez en donde la banca, en colusión con miembros del Poder Judicial, impiden a propietarios de cuentas bancarias retirar bienes y recursos que dejan a resguardo de organismos financieros, con el propósito de apoderarse de ellos. Hay muchas historias de corrupción y abuso por parte de la banca, y cuando hay un cliente polémico como Sandra Ávila Beltrán, quien a pesar de haber sido absuelta tiene que enfrentar el estigma de la incriminación, pues las condiciones son aprovechadas para abusar de ella.

De acuerdo con la resolución judicial, en más de 1 año Ávila Beltrán no exhibió el contrato bancario que la acredite como titular de las cuentas. Además advierte que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no notificaron a Sandra Ávila las respuestas a sus solicitudes sobre la liberación de las cuentas. Lo que hace parecer entonces una chicana legaloide para evitar que esta mujer recupere sus recursos.

Han habido muchos casos documentados por  la prensa sobre abusos y maltratos de la banca a los clientes, pues es común que los servicios financieros también sean negados a quienes aparecen en las listas de las personas políticamente expuestas (Ppes), elaboradas por las autoridades financieras.

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