Hace unos días, desde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), una voz expresaba su confianza plena en que la evaluación de los aspirantes sería con criterios estrictamente profesionales, es decir, de acuerdo a los méritos mostrados por los aspirantes. Tal optimismo, en palabras del diputado, se sostenía en la integración plural de los siete integrantes del Comité Técnico, encargado de la evaluación de los concursantes, dos a propuesta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dos más a propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y los tres restantes a propuesta de la Jucopo.

A decir verdad, sigo sin encontrar buenas razones para compartir el mencionado optimismo. Tácitamente, habría que dar por cierto que como participan “dos instituciones autónomas de reconocido prestigio” la confiabilidad del procedimiento está fuera de duda. En sentido contrario a tal presunción, vale sostener que la apuesta por el recurso al prestigio académico o probidad pública de la instancia que filtra a los aspirantes, que hace dos concursos recayó fuera de norma en la UNAM y la vez pasada en una versión más laxa que la actual del Comité Técnico, ya dio pruebas fehacientes de la sobrada imaginación de los partidos políticos para construir mecanismos que les dejan la mesa puesta para repartir en tres partes las posiciones directivas en el INE.

En el aire flota la pregunta a la Jucopo de ¿por qué en esta ocasión, valiéndose de recetas similares, esperan ofrecer resultados distintos a los ya conocidos de la burda selección de cuates y la no menos burda asignación por cuotas partidistas? Tan relevante como dicha interrogante es la comedida participación de las instituciones mencionadas en el reparto poco probo del pastel, sobre todo teniendo en cuenta no sólo que las encuestas de confianza distan mucho de serles favorables y de que la integración de sus órganos directivos padece exactamente el mismo mal que ellos quieren remediar: la partidización.

Haciendo el ejercicio de ponerse en los zapatos de los bad diputados, cuyas expectativas estratégicas estimables en torno al trabajo del Comité Técnico son que la filtración de cómo resultado quintetas a modo para la negociación y el reparto por cuotas. En una opción simple, bastaría con que PAN, PRI y PRD tuvieran su propio gallo en cada una de las tres quintetas; o en una más compleja, que cada una de esas fuerzas tuviera al menos un gallo de peso en las tres quintetas. La primera opción tendría la ventaja de que facilita a la Jucopo la negociación, porque da a los tres partidos igual poder de veto y les ofrece altos incentivos para tomar su parte sin chistar; y la desventaja de que los indicios de la truculencia quedarían a la vista. La segunda opción, en cambio, tiene la ventaja de que abre las posibilidades de negociación, pero también la desventaja de que puede complicar la designación.

Cualquiera sea el caso, la condición de posibilidad de que el Comité Técnico se ajuste a las expectativas de los bad diputados es simple: valerse de un método laxo de evaluación, tipo check list (cumple o no cumple), que deje a todos los aspirantes filtrados en idéntica posición para ser colocados en las quintetas.

Con un método así de laxo, se expanden significativamente las probabilidades de que el Comité Técnico geste una integración de las quintetas ad hoc al reparto por cuotas. Esto significa, para decirlo con toda crudeza, que la disputa relevante será la que gire en torno a las reglas y criterios de evaluación del órgano evaluador, que por cierto no están descritos en la Convocatoria no han sido dados a conocer.

Las buenas prácticas en materia de procesos de reclutamiento y selección profesional de aspirantes, entre otras virtudes, se basan en perfiles bien modelados, que tipifican y jerarquizan los rasgos de idoneidad de los aspirantes, en este caso de los consejeros electorales, base sobre la cual se diseña el procedimiento y se eligen los instrumentos de evaluación con mayor poder predictivo. Todo ello, en el universo de las buenas prácticas, se expresa en puntuaciones objetivas, ponderaciones congruentes y jerarquización de los evaluados en listados o rankings.

Para efectos prácticos, el proceso de reclutamiento y selección en curso comenzó de espaldas a uno de los criterios básicos en todo diseño profesional: que el evaluado tenga certeza sobre su propia evaluación. En el mejor de los casos, si es que la Jucopo da su brazo a torcer, el método de calificación podrá ser dado a conocer a los aspirantes una vez que éstos ya no pueden aportar más evidencias de las aportadas.

Sin menoscabo de lo anterior, el desafío crucial en el actual proceso estriba en el método de evaluación. Cualquier opción técnica, incluso de mediano pelo, que se eligiera y diera a conocer de manera previa a la evaluación sobre la mecánica de las puntuaciones y los criterios para la integración de las quintetas, sin duda alguna, haría temblar desde sus cimientos la fórmula de asignación por cuotas, en razón de la improbabilidad de reparto simétrico de las opciones preferidas en las quintetas.

La moneda está en el aire y en las próximas horas habrá información al respecto. Las consecuencias previsibles de forzar las cosas a un reparto a modo de las cuotas serían catastró- ficas para la escasa credibilidad del INE y del proceso electoral del 2018, enfáticamente porque Morena, la fuerza puntista, habría quedado excluida y tendría razones de sobra para ahondar en la tesis, ya del dominio público, de la parcialidad del árbitro electoral.

Adicionalmente, un punto a tener en cuenta es la introducción del enfoque de género, por supuesto loable, a condición de que su aplicación esté prevista y regulada por la propia convocatoria. Profesionalismo y enfoque de género no son cuestiones en sí mismas excluyentes, sino potencialmente complementarias, bajo un esquema inteligente. Dejar tal cuestión a la veleidad del decisor eleva los riesgos de uso perverso de una medida ética y normativamente sustentable. El extremo sería, como ya se ha visto, la pretensión de hacer entrar el enfoque de género por la puerta para que la integración profesional salga por la ventana.

En suma, paradojas de la fragilidad democrática, lo mejor que le puede suceder al INE hoy es que, por un proceso de evaluación de medianas condiciones técnicas, termine imponiéndose la selección aleatoria de los próximos consejeros. Nadie entonces la descalificaría por cuotista o cuatista.

*Analista político @franbedolla

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