Hoy comentaré con ustedes la triste realidad que campea en casi todos los estados de la república en materia de procuración e impartición de justicia, en especial en los estados de Tlaxcala, Veracruz y Chiapas, para nuestra fortuna en Puebla contamos con dos juristas experimentados en sus respectivos ámbitos de competencia, me refiero a Víctor Carrancá Bourguet y Roberto Flores Toledano, ambos funcionarios preocupados por las obligaciones que les impone nuestra Carta Magna en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y que han venido haciendo sus quehaceres y así, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, la legalidad y reserva de ley, la protección de datos personales, las detenciones en flagrancia o no, las que tienen el carácter de urgentes, el combate a la delincuencia organizada, la no retención por más de 48 horas a ningún indiciado, el respeto cabal a las solicitudes de cateo, la inviolabilidad de comunicaciones privadas, por lo que hace al TSJ, la labor que vienen haciendo los jueces de control, hacen que el acceso a la justicia que se imparte sea pronta, completa e imparcial, en donde los mecanismos alternativos son una constante, la independencia judicial, la defensoría pública, el avance en el tema de reinserción social, el sistema integral de justicia para adolescentes, las formas alternativas y el debido proceso, los plazos de detención, la prisión preventiva, los autos de vinculación, y aquellos principios consagrados en el artículo 20 constitucional en materia de pruebas, en mediación judicial, respeto a los principios del procedimiento oral adversarial, respeto al principio del árbol envenenado o nulidad de pruebas, la presunción de inocencia,  el acceso a la información del detenido, derecho a guardar silencio, la publicidad de las audiencias, el acceso a registros de investigación, los plazos del procedimiento, el derecho a una defensa adecuada, la coadyuvancia y la asesoría jurídica, protección de identidad, la tutela a las víctimas del delito, las medidas cautelares, la investigación por parte del ministerio público, el ejercicio de la acción penal debidamente fundada y motivada, el criterio de oportunidad por parte del ministerio público, la el ejercicio de políticas públicas tendentes a prevenir la comisión de delitos, en suma, la seguridad pública tiene un rostro diferente en este corto pero eficaz gobierno de Tony Gali, quien a guisa de comentario tuvo la caballerosidad de reunirse con quien hizo imputaciones graves que trascienden la línea entre lo moral y lo inmoral en acusaciones falsas a lo que un padre ama más en la vida, su familia. Ese es el actual gobernador, la señora Alcalá debería haber venido a pedir disculpar tan solo por un poco de vergüenza. Quizá aspectos viscerales perfectamente fundados me desviaron del tema que retomo a continuación.

Ustedes creerán que abogados de mi despacho, con amplios conocimientos en materia penal tuvieron que pasar más de 12 horas esperando que un agente del ministerio público en el estado de Tlaxcala recibiera una denuncia por asalto a mano armada a una negociación en donde contamos con videos, pruebas, rostros, imágenes, de los activos del latrocinio para posteriormente recomendar que se acudiera por segunda ocasión 15 días después a fin de continuar con la investigación, aportar pruebas y avanzara la averiguación, peor sucedió con una víctima de lesiones graves que ya tenía más de 5 horas con el rostro ensangrentado sin ser atendida porque no había médico legista.

Imaginen ustedes que, en el estado de Veracruz, siendo detenido un vehículo de manera ilegal, para investigación por una denuncia de robo, habiéndose acreditado la legítima propiedad de la empresa, habiendo advertido el ministerio público que los documentos aportados eran indubitables y que el objeto de aseguramiento se había llevado a cabo de manera ilegal, a la fecha no lo ha devuelto, pretextando órdenes del fiscal general, cosa que nadie podrá creer (el pollo quería su maíz), ha pasado más de un mes y pese a diversas solicitudes al particular del fiscal general para que se actúe conforme a derecho las cosas siguen igual.

Aunque no lo crean, en el estado de Chiapas es suficiente con tener una relación de medio pelo para pasar a las entrañas de la podre encargada de procurar justicia para resolver cualquier asunto, por complicado que sea, y así, desistimientos del ejercicio de la acción, omisión de consignaciones o viceversa, se producen como en complacencias musicales, dependiendo de la voz que la solicite. ¡Qué asco!

De la impartición de justicia, jueces enchufados en los tres estados, como aquí sucedió con aquellos que impuso Piña Kurezyn, y que juntos alcanzarían 50 años de cárcel, hoy magistrados del TSJ, me refiero a Alberto Miranda Guerra, María de los Ánglees Camacho Machorro, Belinda Aguilar, y tres recientes chambones que fueron la última canción de la cumbancha de RMV y de intereses aviesos para imponer al próximo Gobernador(a), a modo para contar con el apoyo en sus aspiraciones presidenciales.

Como ustedes verán, el enchufismo, los chupópteros, gerifaltes, y zalagardas del mal campean en todas partes, aquí no faltan los disconformes que injustamente acusan a nuestro fiscal general de dedicarse al arte y a proteger a sus pollitos consentidos. Falso. Víctor además de capaz me consta atiende a cualquier ciudadano de a pie, qué decir de Roberto Flores, atento, amable, y verdadero conocedor del derecho, que lamentablemente tiene que arrastrar con el lastre que le dejaron compromisos políticos de personas que de derecho saben lo que yo de turco o chino mandarín, en franca violación a la división de poderes, pero eso, repito, fue la última carcajada de la cumbancha de nuestro amigo Rafael.

Aquí en Puebla, salvo que se pruebe lo contrario y seguramente habrán de contradecirme mis compañeros postulantes, las cosas son similares a lo que acontece en aquellas entidades vecinas y del estado chiapaneco; Jesús Morales, Secretario de Seguridad Pública, a quien tuve oportunidad de nombrar en un cargo sobre el mismo rubro en mi entonces responsabilidad como secretario de gobernación, por su capacidad -que no por enchufe-, ni por mi amistad con su señor padre, también está haciendo un digno papel pese a su juventud.

Como podrán ver, esta denuncia podrá causar escozor o sarpullido –que no salpullido- diría Lozano Alarcón, quien vino a este gobierno poblano a sacrificar su salario (sic. de espía?) de senador con cien mil pesos menos de lo que ganaba a regañadientes –que no a regañadientas- como él diría, en fin, que me despido con aquella frase que reza: ¡Cosas veredes Mío Cid que farán fablar las piedras!

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