“No debimos haber llegado a esto”, fue el comentario de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, tras el saldo de diez personas fallecidas (4 militares y 6 civiles) 12 soldados y un policía estatal heridos en el peor acontecimiento relacionado con el robo de hidrocarburo en Puebla (Palmarito Tochapan) el pasado 3 de mayo.

La Iglesia conoce las entrañas de las comunidades y en este caso de los municipios poblanos que empezaron desde hace tiempo el negocio del huachicol. Quizá la advertencia de tiempo atrás debió ser atendida oportunamente.

¿Desde cuándo había conocimiento de autoridades estatales y federales de que en el Triángulo Rojo estaba creciendo un delito de alto impacto? Me resisto a pensar que los sistemas de inteligencia no anticiparon la participación de grupos criminales en el robo de combustible.

Un problema tan grave no se gesta de la noche a la mañana. ¿Quién o quiénes dejaron de hacer tareas preventivas y reactivas? Claro que ahora le estalla a un gobierno que cumple apenas 65 días en el poder. No es culpa de Tony Gali pero le corresponde enfrentarlo con estrategia y fuerza pública.

Ninguna comunidad que sintiera cubiertas sus necesidades en obras, servicios y bienestar para sus familias hubiera formado parte de la delincuencia. Quizá en su razonamiento sientan que los criminales han sido más efectivos que los subsidios al campo. La corrupción también se refleja en el abandono de los pueblos que hoy coptados por la delincuencia organizada -llámese El Bukanas y El Toñín – retan al gobierno a enfrentarlos con más efectivos, equipo artillado y helicópteros.

Ahora bien, sin una ley de Seguridad Interior que regula la participación del Ejército Mexicano en funciones policiales, la encomienda es todavía más delicada porque los huachicoleros aprovecharán el reducido margen de maniobra que tienen los militares para combatirlos agresivamente.

(Vergonzoso e irresponsable que los diputados federales conozcan la urgencia y fueran incapaces de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir el papel de las Fuerzas Armadas en la violencia desatada por el narcotráfico y ahora los huachicoleros).

El Gobierno del Estado enfrenta uno de sus mayores retos internos y la Federación otro más para salvaguardar la seguridad nacional. ¿El Ejército estará preparado para asumir el costo público de esta nueva encomienda?

La guerra contra los huachicoleros será cruda; similar o peor que con los cárteles de la droga.

Las bajas militares serán inevitables y sobre todo de los civiles mientras mujeres y niños sigan estando en el frente de batalla. Los derechos humanos seguirá siendo punto frágil y nuevamente el cuestionamiento de qué alternativa no-militarizada sería opción para abordar este conflicto.

Al Ejército no le pueden dar un cheque al portador porque sería todavía mayor su capacidad de combate en las calles con los riesgos que representa para un país que anhela consolidar un Estado de Derecho. Su función principal es la seguridad nacional no la seguridad pública (esa corresponde a las autoridades civiles).  El deterioro de las policías estatales y municipales han provocado un desgaste del poder militar. Los soldados están entrenados para matar a un similar, no a un civil aunque sea delincuente.

Puebla atraviesa un momento delicado, los narcos no se apoderaron del estado pero los huachicoleros auspiciados por delincuentes peligrosos vieron la oportunidad de marcar territorio. ¿Negligencia, omisión o complicidad de cuántos años? Más allá del problema de oferta y demanda en el robo de hidrocarburo quiénes son los responsables de que en una entidad tranquila suenen ahora los tambores de guerra.

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