La regla dorada del arreglo prianista incubado en la etapa de la transición (1989-2000) y consolidado en la etapa de las alternancias (2000-2018), según la cual el PRI y el PAN operan como competidores en el plano electoral y, a la vez, como socios en la conducción del Estado, parece haber llegado a su fin.

Hacerse pedazos con acusaciones recíprocas de corrupción forma parte de las reglas en el juego de la competencia y la alternancia electorales observadas por los miembros de ambos partidos, pero no así trasponer los límites permisibles en la reproducción del pacto de impunidad.

Visto desde la perspectiva de la tensión sistémica entre las lógicas de las competencias y las lógicas de la cooperación, quizás no haya tanto lugar a la sorpresa por la ruptura de la coalición prianista que hoy atestiguamos.

Si se mira con detenimiento, la primera movida disruptiva le correspondió a Ricardo Anaya, impulsor de la estrategia para impedir la conversión del titular de la PGR, en el primer Fiscal General de la Nación, bajo el argumento de avanzar en el combate a la corrupción y la extinción del pacto de impunidad.

Es probable que la movida de Anaya haya contado con la venia y el visto bueno de Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari, los artífices del prianismo, en el entendido de que EPN, el círculo de los “itamitas” y el grupo Atlacomulco acusaban síntomas de debilidad endémica y falta de oficio político, y que se requería perfilar un plan “B” con altas probabilidades de transmutarse en el plan “A”.

Digna de exploración es la hipótesis de si la ruptura con EPN estaba en el cálculo de Anaya y compañía o si escaló como consecuencia imprevista y no deseada. Lo cierto es que el amague de vincular a proceso penal a Anaya y, eventualmente, dinamitar su viabilidad para ser candidato escaló el conflicto más allá del punto de lo deseable y manejable; y que su revire de cero tolerancia a la corrupción y extinción del pacto de impunidad, bajo la fórmula de impulso de una fiscalía autónoma y un esquema de acompañamiento internacional, se coloca más allá del punto de no-retorno.

La apuesta de Anaya es que el fin de la sociedad prianista es la estrategia para catapultarse como la mejor opción frente a un electorado agraviado por la clase política y que ha dado en entender que el principal problema nacional es el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad.

Cualquiera sea el resultado de la apuesta de Anaya y compañía, es previsible que el pacto de impunidad, al menos tal como hasta ahora ha funcionado, vive sus últimos momentos. Abiertas al debate están las hipótesis sobre las probabilidades de su eventual refundación.

La lectura de AMLO y su equipo cercano, según la cual se trata de un pleito fuerte de familia pero que terminará en un acuerdo fraternal para enfrentarse con ellos, puede resultar falsa en las actuales circunstancias y, por ello, políticamente estéril.

Notas recientes publicadas a través de Pejeleaks, que hablan de la existencia de una supuesta ingeniería financiera para desviar fondos hacia Morena, dan cuerpo a la hipótesis de que la clase gobernante ya se decantó por la estrategia de destruir a sus opositores, sin ningún empacho por hacer de las instituciones del Estado mexicano, PGR, SAT, Hacienda, etc., simples medios al servicio del objetivo de preservar el poder a cualquier costo.

A este respecto, el escenario ideal para EPN es uno el que sus principales rivales no se coordinen para enfrentar la estrategia de aniquilación simbólica, que no electoral, que ya se cierne paralelamente sobre ellos.

Las declaraciones recientes de Ricardo Anaya y Damián Zepeda dejan entrever que existe disposición de su parte a construir un acuerdo de cooperación para enfrentar los embates de la maquinaria priista.

Hasta este momento, a juzgar por las opiniones vertidas por AMLO y Tatiana Clouthier, siguen instalados en la creencia de que la pugna, aun si fuerte, forma parte de la “elección primaria” del Prian, para determinar cuál de los dos encabezará la coalición para derrotar a Morena.

En tanto esto sucede, cada vez hay más elementos para suponer que EPN y su equipo ya decidieron que Ricardo Anaya no es su plan “B” y que para colocar a su candidato en posición de remontar la desventaja que hasta ahora existe no bastan los medios convencionales de la propaganda electoral.

Los directores técnicos, si vale la analogía del juego, no han definido las alineaciones y los jugadores apenas saltaron a la cancha a hacer sus ejercicios de calentamiento; es decir, formalmente, el juego no ha iniciado.

Aun así, las porras bravas de uno de los competidores ya saltaron a la cancha y está dando puntapiés a los jugadores del equipo rival, con la clara intención de intimidarlos y diezmarlos. El árbitro, por su parte, no se ve por ningún lado. Se comporta bajo la consigna de que su papel se restringe a pitar las faltas con el partido iniciado, y que el juego limpio es peccata minuta.

¿Podría ser de otra manera? Queda en el aire la respuesta. Lo cierto es que el INE no ha dicho ni pío en un asunto que debiera ser de su principal interés. Cierto es que carece de facultades legales para sancionar el comportamiento faccioso de la PGR, el SAT y Hacienda, pero igualmente cierto resulta que no vendría mal un pronunciamiento público al respecto de un hecho que impacta en las condiciones del juego democrático.

La falta de autoridad legal del árbitro electoral es de similar o mayor tamaño a su autoridad moral. Se trata de un organismo para procesar las diferencias electorales en el marco del arreglo prianista. Roto tal arreglo, la medida de su importancia la da su mutismo.

Después de todo, el fin del Prian no está exento de negros ventarrones.

 

*Analista político

@franbedolla

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