Las disonancias entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) distan mucho de ser novedad. Recientemente, las hubo en el cálculo de los gastos de campaña en las elecciones para gobernador en Coahuila, que en las cuentas del INE ameritaron la aplicación de la causal de nulidad y que el TEPJF echó para atrás, inventando nuevos criterios y validando el triunfo del PRI.

Las hubo también a propósito de la iniciativa del INE de incorporar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el uso de imágenes fotográficas de actas de casilla, que habrían acortado los tiempos para entregar un primer buen corte informativo  hacia la media noche del 1 de julio, evitado el vacío de información y las tentaciones de autoproclamación de victoria por parte de los competidores. Y aquí, de nueva cuenta, la visión del juez no embonó con la del árbitro. El TEPJF le puso tache el INE, por considerar que es más importante la certeza que la celeridad de la información.

El último episodio en la historia de sus desencuentros es la sentencia del TEPJF por la cual instruyó al INE a otorgar de manera inmediata el registro al Bronco como candidato y colocarle en la boleta. Se trata eso sí, quizás, del episodio más ríspido y atípico entre ambas autoridades, no sólo por la veleidad y poca solvencia argumental de los magistrados, sino porque de manera abierta emitieron en público duros juicios de descalificación al trabajo del INE.

Por paradójico que parezca, el palo recibido por el INE amenaza con convertirse en el episodio más afortunado para el maltrecho árbitro electoral, cuyos niveles de confianza institucional acusan una merma histórica sostenida y se encuentran en el punto más bajo en lo que va de este siglo.

En el juego de contrastes en cómo manejaron el caso del Bronco, al TEPJF le corresponde el papel del halcón, mientras que al INE le toca el papel de la paloma. Más aún, en vistas de la información y las reacciones públicas, cobra vigor una corriente oficiosa de opinión, que promueve un relato que presenta al INE como víctima heroica del TEPJF y aprovecha para pronunciarse de manera propagandística por el “estupendo” trabajo que supuestamente está realizando el INE.

Sin menoscabo de las diferencias, incluso ostensibles, que separan a ambas instituciones electorales en el caso específico del Bronco, vale la pena preguntarse por las razones que las explican, sobre todo teniendo en cuenta las similitudes en el origen por cuotas partidistas de los cargos de consejeros y magistrados electorales y la poca estima social que concitan.

Detrás del desaseo en los recientes concursos supuestamente abiertos, puede advertirse la cuidadosa estrategia del gobierno en turno para privilegiar el control sobre el Tribunal, compuesto por siete magistrados, dada su investidura como máxima autoridad jurisdiccional y que sus decisiones son inatacables. Su fallo en el caso del Bronco, fuera de razón jurídica y legitimidad política, es prueba fehaciente del éxito del gobierno federal en la captura del TEPJF.

El caso del Consejo General del INE es un tanto distinto. De los 11 consejeros que le integran, cuatro son cuota directa del PRI. Conforman un núcleo homogéneo y disciplinado a la voluntad de Marco Antonio Baños, que exhibe capacidad para conformar mayorías en diversos temas y, en casos extremos, para vetar acuerdos y resoluciones críticas, que operan en sentido contrario a los intereses gubernamentales.

Importa, y mucho, la  diferencia en la correlación de las cuotas partidistas en el Tribunal y el INE. La cuota minoritaria del PRI en el Consejo General torna inimaginable una decisión tipo Bronco, si bien abre un margen de oportunidad para arreglos y negociaciones de baja o dudosa calidad democrática.

Para muestra de lo anterior, bastan unos cuantos botones. Lo mostrado por el INE en las últimas elecciones para renovar las gubernaturas en el Estado de México y en Coahuila muestran un árbitro electoral cómodo en sus tareas de admitir y contar votos, negado a ejercer sus facultades de atracción, y abiertamente reticente a hacerse cargo de intervenir en las tropelías del partido en el gobierno, crudamente violatorias de los principios de legalidad democrática, para mermar las oportunidades de triunfo de sus competidores.

El expediente de cómo ha resuelto el Consejo General la integración de los consejos de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) resulta por demás ominoso. Tras la mascarada de los concursos abiertos, y salvo muy contadas excepciones, se han prestado sistemáticamente a que los gobiernos locales en turno coloquen a sus alfiles de confianza. Nada tiene pues de extraño que la confianza institucional en los OPLE, como muestran las encuestas, sea todavía más precaria que la alcanzada por el INE.

En el dilema de si es preferible un árbitro electoral con equilibrio entre la cuotas partidistas o un juez electoral con predominio abierto del partido oficial, poco lugar hay a la duda de las ventajas del primer modelo.

A estas alturas, ¿será tan buena noticia contar con un INE de equilibrios partidistas? Francamente, lo dudo. En el posible escenario de un resultado apretado o inesperado, no imagino al árbitro electoral con la autoridad suficiente para inducir el respeto a los resultados.

No es una buena noticia para la democracia electoral mexicana que, a ojos vistas, su árbitro electoral opere capturado por las elites de los partidos políticos; y todavía es una peor noticia que la última palabra sobre los resultados esté en manos de un Tribunal capturado por el partido en el gobierno.

En virtud de lo anterior, no comparte el juicio mediocre de quienes encuentran en la felonía del Tribunal la principal virtud del INE. Más precisamente, si hubiera que elegir entre ambas autoridades electorales, yo diría que se trata del dilema entre Guatemala y Guatepeor.

Si el cambio verdadero ha de tener alguna posibilidad, más vale colocar la solución de la captura de las instituciones estatales como una prioridad insoslayable.

*Analista político

@franbedolla

 

COMPARTIR