En las postrimerías del primer cuarto del siglo XXI, la polarización social del Estado mexicano tiene causas estructurales profundas. No reconocerlo excede la torpeza. Sin importar los malabarismos del INEGI para modificar la metodología de medición y forzar los cambios, las cifras siguen siendo rebeldes: 53.4 millones de mexicanos viven en condición de pobreza.

La Comisión de Estudios para América Latina (CEPAL), en fechas recientes, esbozó  la otra cara de la situación nacional: hoy, el 10% de la población concentra el 80% de la riqueza nacional, lo que hace de nuestro país uno con los mayores rangos de desigualdad de América Latina y el planeta.

Al respecto, sin entrar al detalle de los mecanismos por los cuales arribamos a una situación tan deplorable, dos cuestiones son dignas de consideración. Primera, que en los últimos cuarenta años, salvo honrosas excepciones, las fortunas de los grandes empresarios se han forjado al amparo del poder político, no como resultante de las leyes del mercado.

Se equivocan los creyentes en el modelo neoliberal. El capitalismo mexicano es una mutación horrenda distanciada de la obtención del lucro basada en el libre intercambio y el cálculo racional. Se trata más bien de una versión del capitalismo barbárico, basado en la acumulación de fortunas al amparo directo del poder político. Carlos Slim y, salvo honrosas excepciones, los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, son criaturas emblemáticas de dicho arreglo.

Y segunda que, como puede desprenderse de las máximas  del modelo neoliberal, no ha sido el mercado el factor causante de la desigualdad bestial, ni tampoco puede convertirse en el mecanismo para revertir la bestial desigualdad que amenaza hoy con hacer explotar la gobernabilidad del sistema político.

El trasfondo estructural de la alharaca buro-empresarial (puesto que no llega a debate) sobre el populismo es clara y previsible: la politización de la riqueza… y de la pobreza, agudizada en los últimos cuarenta años. No podría ser de otra manera.

Para los grandes empresarios, la política ha sido el medio idóneo para reducir la incertidumbre de la competencia de mercado. Para la partidocracia, los empresarios han sido el cliente generoso que paga bien por sus servicios y del cual pueden esperar apoyos financieros para sus campañas.

En este escenario, los pobres han jugado el papel de usuarios de las políticas de combate a la pobreza, clientela cautiva de las maquinarias partidistas y materia a modo para los discursos de campaña

¿Y la corrupción? Simple: se trata del pecado de origen, el vaso comunicante entre los agentes del capitalismo salvaje y los agentes al comando de la política enriquecida que, más allá de las alternancias, ha escalado a niveles que rayan en lo insostenible.

La diferencia sustancial entre 2006-2012 y 2018 estriba en que las diferencias abismales entre la riqueza de unos cuantos y la pobreza del grueso de la población, en el matraz de los escándalos de corrupción, generó las narrativas del agravio y el rechazo, cuya expresión más clara es la corrida de vastos segmentos del electorado hacia AMLO.

En tal contexto, es entendible (que no justificable) la reacción de las cúpulas empresariales para arropar al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, porque entienden perfectamente que está de por medio el control del Estado y la emisión de las políticas públicas, que ha sido la piedra filosofal de la buena suerte de unos cuantos empresarios.

Igual se entiende (que no se justifica) que los empresarios hayan decidido subirse al ring, primero a través de Mexicanos Primero, organización de la sociedad civil que ellos financian, mediante la emisión de un spot propagandístico supuestamente a favor de la educación, y más tarde para censurar al candidato opositor, a través del desplegado del así no publicado en los principales diarios de circulación nacional.

En el lado contrario, igualmente son entendibles (aunque no justificables) las expresiones de rechazo al intervencionismo empresarial y a su beligerancia en contra de uno de los candidatos presidenciales.

Ciertamente, no es la libertad de expresión del gran empresariado lo que está en cuestión, sino el activismo tramposo del que hacen gala, utilizando su recurso más abundante que es el dinero, sino su civilidad, la obediencia a las leyes electorales y el respeto a la voluntad popular.

Prueba de que el horno no está para bollos son las reacciones públicas de Paco Ignacio Taibo II, con su llamado a la expropiación de los empresarios “rebeldes” a la causa de AMLO; y Ricardo Alemán, con su imperdonable tuit alusivo a los asesinatos de los ídolos a manos de sus fans.

Por si el clima de polarización no fuese suficiente, los adversarios de AMLO, todos, se alinearon lisonjeramente con los empresarios, ensalzando sus virtudes como generadores de riqueza, empleos e impuestos.

Nada más peligroso para una comunidad política tan desigual que conceder el papel de divos a los empresarios. De lo que se trata es de dejar a la política y a la economía que se encarguen de sus tareas propias. Los últimos 40 años vivimos en la idea equivocada de supeditar el Estado a los intereses de los empresarios. Hoy el desafío es de construir un Estado para todos, incluidos los empresarios.

Así, frente al activismo político de los empresarios, cabe el llamado a la prudencia y a que se apliquen el así no. Un país con tamaña desigualdad como el nuestro no es sustentable.

*Analista político

@franbedolla

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