La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) reportó que en 2017 crecieron los fraudes cibernéticos en 102% con un daño patrimonial calculado en 4 mil 331 millones de pesos. Apenas este mes presenciamos importantes ataques en contra de instituciones bancarias públicas y privadas que hackearon el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) con un costo aproximado del fraude de al menos 300 millones de pesos.

Las instituciones financieras mexicanas y la Condusef han trabajado fuertemente para que estos fraudes cibernéticos no afecten a los usuarios que se ven envueltos en estas actividades ilegales. Se estima que el 93% de los fraudes cibernéticos se resolvieron a favor de los usuarios. Sin embargo, el costo del fraude lo absorben en su mayoría las empresas que fueron utilizadas, los propios bancos y al final del día también los usuarios que pagan comisiones y seguros que protegen su dinero.

Cuando se efectúa un fraude cibernético por suplantación de identidad alguien tiene que perder. El gran perdedor resulta ser la empresa de servicio o producto en cuestión. Esto se debe a que los fraudes se manifiestan a través de contracargos, los cuales son reclamos de parte de un cliente ante la institución financiera referente a un cargo que no reconoce, no autorizó, no recibió los bienes o servicios que adquirió, el tarjetahabiente afirma que éstos no coinciden con lo ofrecido. Esto normalmente resulta en la devolución del monto a los tarjetahabientes. El año pasado se calcula que se efectuaron 260 mil contracargos de tarjetas de crédito por el monto de 369 mil 531 millones de pesos.

Las pequeñas empresas afectadas por los sobrecargos generados por fraudes sufren daños económicos que impactan directamente en la solvencia del negocio, lo cual los pone en riesgo de sobrevivir. Para las empresas grandes el daño es en contra de su buena imagen y reputación (denominado riesgo “reputacional”). La repetición de estos delitos es tan grande que pierden la confianza de sus consumidores además de que las pérdidas económicas no dejan de golpear su capital.

Las variantes de los ciberdelitos también incluyen acciones directas contra personas que son engañadas para transferir dinero de sus cuentas a otras de estafadores que las engañan de múltiples maneras. Esta variante de la delincuencia organizada transnacional también conocida como WTF (Wired Transfer Fraud) es global y en el caso de Estados Unidos se están levantado alertas para sus consumidores en contra de estafadores provenientes principalmente de Canadá, Ghana, México, Nigeria, Perú, España y Ucrania.

El fraude en el comercio electrónico es un problema que seguirá en aumento si no se mejoran sustancialmente las acciones preventivas que mejoren la efectividad de las medidas de seguridad y verificación de identidades en las operaciones electrónicas. Tales soluciones derivan de una optimización en las herramientas verificadoras de identidad de los usuarios y de la colaboración entre los jugadores del ecosistema para detener en tiempo y forma el delito.