La profunda división de la sociedad argentina sobre la despenalización del aborto se exhibe este miércoles en el centro de Buenos Aires. Desde la medianoche, una corredor vallado corta en dos la plaza del Congreso. A la izquierda se manifiestan quienes se oponen al aborto.

A la derecha, los partidarios de que esa práctica deje de hacerse en la clandestinidad y sea legal, segura y gratuita. Ambas movilizaciones se anticipan multitudinarias y acaloradas. A metros de allí, dentro de la Cámara de Diputados, los 257 legisladores votan un proyecto de ley que legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y extiende el plazo en casos de violación, riesgo de vida para la madre y malformación fetal. La sesión se prevé maratónica y con final abierto. De aprobarse, aún faltaría superar un último obstáculo: el Senado.

El aborto es ilegal en Argentina excepto si la vida de la madre corre peligro o el embarazo es fruto de una violación. La legislación, que se remonta a 1921, contempla penas de cárcel de entre uno y cuatro años para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo. Los diputados que han hecho pública su oposición a cambiar la ley han sido siempre mayoría, pero la diferencia se ha estrechado en los últimos días. Según el recuento de Economía Feminita, en la víspera de la votación 119 diputados estaban a favor de despenalizar el aborto, 120 en contra y 2 iban a abstenerse. Al inicio de la sesión, por primera vez se había invertido el cómputo: 122 a favor, 118 en contra, 14 sin confirmar, 1 abstención y 2 ausentes. La balanza la inclinarán la decena que hasta hoy se habían declarado indecisos.

La fractura social y política alcanza incluso a los partidos políticos. Excepto la izquierda, con una postura unánime a favor del aborto, los demás bloques están divididos. En Cambiemos, la coalición conservadora encabezada por Mauricio Macri, casi dos tercios se oponen a la ley. En el kirchnerista Frente para la Victoria, 53 de sus 59 legisladores votarán a favor. El único diputado socialista de Argentina, Luis Contigiani, renunció al partido, aunque no a su banca, tras la catarata de críticas internas que recibió al anunciar que su voto será negativo.

Uno de los que había mantenido su voto oculto, José Ignacio de Mendiguren, del Frente Renovador, rompió el silencio antes de entrar a la Cámara. “No puedo obstaculizar que se pueda acceder a esta atención que todas esas mujeres necesitan”, dijo el diputado, dando a entender que pensaba votar a favor de la ley. Sus palabras pusieron en evidencia el debate interno que atravesó a muchos detractores. “Tomé la decisión en soledad. Tengo mis convicciones, pero recorrí el país y vi que en la clandestinidad suceden cosas espantosas. La decisión de abortar ya está tomada, nadie la toma mirando el código penal. Y cuando las mujeres la toman están solas”, dijo De Mendiguren.

No venimos a discutir sobre despenalización, este proyecto es una legalización irrestricta”, criticó en el hemiciclo el diputado oficialista Nicolás Massot, uno de los más duros contra la ley. “Es un dilema moral, jurídico e ideológico; por eso hay que tener cuidado y no caer en los facilismos de tirarnos con las muertes por la cabeza”, agregó. “Hay una revolución de las hijas que llegó para quedarse. Pasemos a la historia por garantizar derechos, no votemos contra las mujeres. Tenemos que garantizar el derecho humano a la salud pública”, le contestó minutos después la legisladora kirchnerista Mayra Mendoza.

Uno de los discursos más duros fue el de Victoria Donda, diputada de Libres del Sur. Nacida en un centro clandestino de detención de madre desaparecida y nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, recordó el modelo de mujer que, según dijo, aún arraiga en la sociedad argentina. “Que programa más perverso aquel que nos llevó a tener mujeres secuestradas para parir como si ese útero fuera un botín de guerra y el resultado del utero, que eran los bebes que nacían vivos, también éramos un botín de guerra”, dijo.

Desde el regreso de Argentina a la democracia, en 1983, el proyecto de ley a favor de la despenalización del aborto se presentó siete veces en el Congreso, pero nunca había logrado cruzar la puerta. Bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina fue el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio homosexual, en 2010, y en tener una ley de identidad de género, en 2012. Pero Fernández de Kirchner siempre se cerró en banda con el aborto.

Su sucesor, Mauricio Macri, también se opone. Sin embargo, la presión social y la necesidad de desviar la atención de la incierta situación económica influyeron en la decisión presidencial de permitir el debate.