La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”.

La CNDH consideró que la Ley General de Comunicación Social (LGCS) presenta varias deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo que podría significar un riesgo para la libertad de expresión.

Lo anterior tras considerar que persiste el riesgo de arbitrariedad en la distribución de dicha publicidad, pues los criterios de selección de los medios de comunicación se delegan en autoridades administrativas.

De esta manera, busca que la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma clara, puntual y objetiva, evitando la distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión.

Tampoco le convence la objeción de conciencia

Asimismo, el organismo argumentó que la adición del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud –que contempla la objeción de conciencia, por lo que médicos y enfermeras podrían negarse a ofrecer algunos servicios como el aborto o la eutanasia– abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales.

La CNDH señaló que el legislador federal ordinario no tiene la posibilidad de establecer restricciones a derechos constitucionales de forma que afecte el contenido esencial de un derecho fundamental, como la protección de la salud.

Si bien no se opone en forma alguna a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia, señaló que dicha regulación debe ser dentro del estricto respeto al marco constitucional y convencional existente, de manera que garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales.