Como en ninguna otra elección presidencial, los “respetables” empresarios mexicanos se han quitado la careta y abiertamente tratan de incidir en el próximo proceso del 1 de julio, aterrados porque vaya a llegar un presidente que no concuerde con su manera de enriquecerse.

Sus llamados a votar por el candidato que a ellos y sus negocios les es conveniente se dan ante su incapacidad de generar consenso con la clase política y así, tras bambalinas y como siempre lo han hecho, imponer al próximo mandatario de México.

Las peticiones que nos hacen para que no votemos por el “monstruo” del populismo no son un acto enmarcado en la libertad de expresión, son un vil delito electoral que la autoridad está obligada a investigar y castigar.

Por supuesto, lo que ellos llaman populismo no es lo que teóricamente se define así y, en todo caso, sólo lo critican y estigmatizan en el candidato Andrés Manuel López Obrador; no lo ven en Ricardo Anaya, que promete la “renta universal” y los apoyos para las mujeres; ni en José Antonio Meade, que dice que mantendrá las dádivas a los más pobres con tal de obtener sus votos.

Esos magnates, que ahora quieren orientar nuestra votación, de respetables no tienen nada: la acumulación del capital –y ellos se colocan entre las personas más ricas del mundo– siempre es injusta e ilegítima y no en pocos casos también es ilegal.

Y es que, aunque se llenen la boca con su “responsabilidad social” y su “ética empresarial”, la realidad es que sus riquezas se basan por lo menos en la explotación de sus trabajadores, a quienes esquilman a diario con raquíticos salarios que no alcanzan para sobrevivir.

Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores es de tal nivel que mientras en 1987 eran necesarias 4 horas y 53 minutos para adquirir la canasta alimenticia recomendable, en 2017 “el tiempo de trabajo necesario […] ha sobrepasado un día completo, llegando por primera vez a las ¡24 horas con 31 minutos!”

Así que no, los pobres no son pobres porque quieren; lo son porque esas son las condiciones de explotación que generan sus gobernantes y sus empleadores, que ahora nos piden no votar con el estómago.

Muchas de las fortunas de esos empresarios también se originan en la explotación irracional de los bienes naturales, cuya factura ya nos cobra el planeta con el cambio climático y los desastres naturales que padecemos cada vez con más frecuencia e intensidad. Eso, por donde quiera que se le vea, es ilegítimo e injusto.

Además, no pocas veces esa explotación implica el despojo de territorios contra los más pobres y los indígenas; e incluye asesinatos de los opositores a sus megaproyectos y el uso de guardias blancas, que imponen su ley armada para intimidar y facilitar los negocios de los “respetables” empresarios.

Es un hecho que muchos de sus escandalosos patrimonios –que podrían alimentar pueblos completos– se han hecho al margen de la legalidad, precisamente porque han impuesto gobiernos a modo que les permiten hacer negocios ilícitos sin enfrentar a la justicia.

Y aquí tocamos inevitablemente el tema de la corrupción que impera en el país y de la cual se han beneficiado esos millonarios: muchas privatizaciones que son el origen de sus riquezas actuales se sustentaron en prácticas corruptas, como el amiguismo, el tráfico de influencias y el soborno.

Otros simplemente se siguen beneficiando de las licitaciones que se ganan con el pago del famoso diezmo: 10 por ciento del total del contrato. O de plano con sobornos más grandes que garantizan asignaciones directas, concesiones, permisos y demás formas de hacer dinero al amparo del gobierno.

Ya no digamos aquellos que se han enriquecido porque en sus esquemas de negocio incluyen plataformas de evasión y elusión fiscal, de lavado de dinero y de crimen organizado. ¿O qué, creen que no sabemos que las multimillonarias ganancias del narcotráfico se legalizan en muchos negocios legalmente establecidos e incluso en la banca?

Por ello es insultante que quienes explotan a miles de trabajadores empobrecidos y se benefician del erario nacional (sea con favorables contratos públicos, permisos y concesiones –como las mineras, de telecomunicaciones, de explotación de mantos acuíferos, etcétera– y hasta con devoluciones multimillonarias de impuestos) ahora, en un acto de suma desesperación, traten abiertamente de imponer al próximo presidente de México.

A esos empresarios alguien les tiene que explicar que el voto concierne sólo al elector, es libre y secreto, y que, si se quiere votar con el cerebro, el corazón, el estómago o el hígado, o de plano anularlo o ni siquiera ejercerlo, es cosa de cada quien.

No se vale que, en nuestra casi nula democracia, que apenas nos da la oportunidad de emitir el sufragio y muchas veces éste ni siquiera se respeta, ahora hasta eso nos quieran quitar los dueños del capital y los medios de producción.

Vaya cinismo el de ellos: lo que piden, pues, es que las mayorías empobrecidas elijan al candidato presidencial que les siga garantizando a ellos, esa elite que concentra la riqueza, continuar con su ventajoso “modelo de negocios” basado en la rapacería y la explotación.

 

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