Pese al enorme gasto, el INE llega a este 1 de julio sin legitimidad: al dilatar al menos 12 horas el resultado de la elección presidencial contribuye a la incertidumbre. Además, mientras dice estar “preparado” para el “peor escenario” –una elección “muy cerrada”–, compra marcadores que se borran con facilidad. El proceso, lejos de ser imparcial: el Instituto ha solapado la guerra sucia de partidos y empresarios contra AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE) –una de las instituciones más caras del país, cuyo presupuesto supera este año los 24 mil millones de pesos– terminó por profundizar su crisis de legitimidad en el proceso 2018 y llega a este 1 de julio totalmente desautorizado.

A su actual desprestigio han contribuido las decisiones de sus consejeros, especialmente la de dilatar al menos 12 horas el resultado de la elección presidencial, supuestamente para cumplir con la ley que establece el modelo de casilla única.

También han hecho su parte los graves “errores” descubiertos en las semanas previas a la jornada electoral, como la compra de marcadores para las boletas que, de tan baja calidad, permiten borrar totalmente las inscripciones, lo que daría lugar a la ilegal manipulación de la papelería electoral; o el uso de domicilios falsos para la recepción del voto desde el extranjero (Contralínea 596), lo que habría vulnerado directamente la seguridad de esa votación.

Al ambiente de incertidumbre se suman las propias declaraciones del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. Por ejemplo, el 9 de mayo pasado advirtió que el INE se preparaba para el “peor escenario”: una elección presidencial “muy cerrada”, cuando las tendencias en las encuestas ya daban una amplia ventaja al morenista Andrés Manuel López Obrador.

Otra muestra es lo que dijo el 24 de junio pasado cuando, tras anunciar que el resultado del conteo rápido se sabría hasta el 2 de julio después de las 8 de la mañana, aseguró que no habría fraude electoral. Según Córdova Vianello, la garantía de ello es porque “la elección será operada por millones de ciudadanos, vigilada por el mayor número de representantes de los partidos políticos, y observada por miles de visitantes extranjeros”.

No obstante, en la experiencia más próxima se observó exactamente lo contrario: a pesar de los observadores y la vigilancia, en 2017 se operaron dos mega fraudes electorales en el Estado de México y en Coahuila. Todas las irregularidades, documentadas por la oposición, fueron omitidas: el Instituto avaló los resultados en ambos casos.

“El INE arrastra un problema de credibilidad desde 2006”, advierte el doctor en ciencia política Mario Zaragoza Ramírez. A diferencia de lo que sucede en la actualidad, indica, el Instituto Federal Electoral –que se formó a partir de luchas ciudadanas– tenía en el año 2000 mucha fortaleza, porque era autónomo y se nutría desde la academia y la sociedad civil.

Para el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ese IFE de José Woldenberg se fue desgastando desde que Luis Carlos Ugalde asumió la presidencia de su Consejo General, en 2003, y luego durante la gestión de Leonardo Valdés Zurita, en 2008.

El politólogo advierte que “el gran tema es cómo una institución sin legitimidad quiere darle credibilidad a un proceso electoral. Esto es un problema muy serio, porque se han juntado muchos problemas menores y al final tenemos un problemón”.

 

La suma de errores

En el proceso 2018 el INE, en vez de realizar un proceso limpio e imparcial, ha ido sumando yerros. Entre éstos destaca su falta de apego a la legalidad frente a los llamados empresariales que se escudan en un supuesto ejercicio de la libertad de expresión.

Por ejemplo, el caso del spot de Mexicanos Primero: “Y si los niños fueran candidatos”, sancionado de manera ilegal el pasado 30 de abril. Ese día, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió negar las medidas cautelares que solicitó el partido Movimiento Regeneración Nacional, pese a que el anuncio de radio y televisión violaba la ley, que prohíbe a particulares influir en el voto ciudadano a través de propaganda pagada.

El INE tampoco censuró los llamamientos de empresarios a sus subordinados para que no elijan al “populista”. Entre ellos han destacado Germán Larrea, Claudio X González, José Antonio Fernández Carbajal, Alberto Bailleres, Andrés Conesa, José Elizondo, Héctor Hernández Pons y Eloy Vallina, sin que la autoridad les haya frenado su activismo para incidir en la intención del voto.

Para Zaragoza Ramírez, el problema del INE radica precisamente en esas “pequeñas”  equivocaciones. Ello, indica, porque cuando el árbitro se equivoca los electores piensan: “¿qué o quién nos garantiza que no se equivoquen en otra cosa? Y entonces el tema se pone mucho más complejo”.

El Instituto que encabeza Lorenzo Córdova ni siquiera fue capaz de mostrarse imparcial en los debates de la contienda 2018: además de favorecer la visión de país que promueve una fracción del sector empresarial, seleccionó como moderadores del segundo debate entre candidatos presidenciales a dos de sus voceros.

Pese a que son abiertos opositores a López Obrador, Yuriria Sierra y León Krauze fueron los elegidos del INE. Ello incluso a pesar de que en múltiples espacios mediáticos se habían manifestado por una votación contraria al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

En Change.org incluso se promovió una acción civil para que el Instituto sustituyera a ambos opinadores, aunque sin éxito. En ésta se señalaba que Sierra y Krauze apoyaban al priísta José Antonio Meade al tiempo que habían “manifestado abiertamente su antiobradorismo [sic], de manera reiterada, en las últimas semanas y meses. Y si bien nadie cuestiona su libertad de opinar lo que quieran de las campañas y sus candidatos, es una afrenta mayor y un atentado a la democracia que ambos sean considerados por el INE para ser moderadores de un debate presidencial”.

El rechazo y descontento por la elección de esos opinadores también se manifestó en redes sociales, una arena pública en la que el INE siempre ha perdido cuando se le escruta.

Carlos Heredia Zubieta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, considera que el Instituto “ha hecho un buen trabajo; sin embargo, no está exento de la desconfianza que los mexicanos tenemos, ya no en el sistema electoral, sino en el sistema político en su conjunto”.

El doctor en economía agrega que la confianza aumentará en la medida en que la política en México sea dignificada y reivindicada para servir a los ciudadanos y no al revés.

“Hoy la política ha sido secuestrada por intereses facciosos de grupos que controlan los partidos políticos, e intereses económicos. Cuando la política sirva a los ciudadanos, aumentará la confianza en el sistema electoral”, señala el investigador.

 

La desconfianza

Pero, a lo largo de la campaña presidencial de 2018, el INE habría sumado más puntos negativos que positivos. Y a ello contribuyó especialmente la Comisión de Vigilancia al avalar los spots de la llamada guerra sucia.

Así sucedió el 1 de mayo pasado, cuando consintió la transmisión de la propaganda del Partido Revolucionario Institucional que llamaba a López Obrador “títere de los delincuentes”, “al servicio de los narcotraficantes”. Según los consejeros, esas acusaciones no calumniaban al candidato.

No obstante, durante la misma sesión, ordenaron al Partido del Trabajo retirar un promocional de la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde aparecía, además de la candidata Claudia Sheinbaum, el político Andrés Manuel. Para el árbitro electoral, este último incurría en sobreexposición.

El politólogo de la UNAM Zaragoza Ramírez considera que en el INE “vamos de errores chiquitos en errores chiquitos, hasta que los problemas son más graves porque no se resolvieron desde que eran pequeños”.

El doctor advierte que en el fondo de esta crisis está la impunidad: “el problema es que el Instituto es juez y parte: él pone las reglas, él se equivoca y él se autocastiga”. El riesgo, añade, es que “nos hemos acercado a un terreno muy peligroso, que es donde se solapan o se justifican pequeños errores. Pero todos los errores cuentan porque empieza a haber esta idea de desconfianza. Y el asunto no es que se equivoquen, todos nos podemos equivocar; sino cómo y en qué se equivocan”.

Otro punto que ha restado credibilidad al árbitro electoral es su pasividad frente a las campañas telefónicas masivas que llaman a un voto del miedo contra López Obrador, y que se intensificaron horas antes de que inicie la veda electoral previa a la jornada del 1 de julio.

Según las denuncias, empresas como la encuestadora Massive Caller –contratada por la campaña del panista Ricardo Anaya– formaría parte de esa campaña ilegal.

Para el profesor Zaragoza Ramírez, las equivocaciones del Instituto lo desgastan y esto repercute en los resultados finales. “Además de que el INE tiene también una carga de ilegitimidad importante desde 2006, en estos últimos 2 años no le ha ido mejor. El consejero presidente Lorenzo Córdova ha tratado de tapar ciertos problemas, pero lo cierto es que sólo ha dado paliativos, por eso no hay certeza en la gente que vota que se vaya a hacer bien [la elección]”.

En un país como México, agrega, los problemas que ha presentado el INE deberían resolverse de forma inmediata e impecable: “si te equivocas, haces todo [lo necesario] para enmendarlo, pero de verdad, con mucho argumento, para que cuando llegue el momento [de la elección] no haya ninguna sospecha”.

 

Recuperar la credibilidad

El doctor en ciencia política Zaragoza Ramírez considera que el INE sí puede ser una institución legítima, con credibilidad. “El éxito de las instituciones electorales está en hacer bien su trabajo, aunque suene a obviedad”.

Pero para ello, considera el académico de la UNAM, el más preocupado porque la elección sea limpia debe ser el propio INE: “esta institución es la única responsable y tiene que mostrar que su trabajo está bien hecho”.

Y agrega: “Si queremos que los procesos electorales en México tangan un cauce de normalidad, el INE tiene que limpiar todos los errores: hacerse cargo de esos errores y tratar de resolverlos en la mejor de las medidas posibles”.

El investigador señala que, en tanto eso suceda, aumentará la desconfianza. “Cuando la institución trate de hacer los procesos electorales de manera más rigurosa, con menos errores –no digo que no se equivoquen, sino que bajen la cantidad de errores–, la gente va a confiar mucho más en ellos”.

Sin embargo, el INE parece avanzar en sentido contrario. A 6 días de la jornada electoral, avaló la entrega masiva de monederos electrónicos hecha por el Partido Acción Nacional, que prometía un saldo de 1 mil 500 pesos mensuales para todos los mexicanos, para favorecer a su candidato Ricardo Anaya.

Ello a pesar de que los propios consejeros se dijeron en contra de este tipo de presiones hacia los electores. No obstante, se escudaron en lo dictaminado por el Tribunal Electoral en torno a permitir las promesas económicas con tarjetas de prepago o monederos electrónicos.

 

 

INE, una de las instituciones más caras y menos transparentes del país

Para recuperar su legitimidad, el Instituto Nacional Electoral está obligado no sólo a llevar a cabo elecciones limpias, sino también a transparentar su gasto y hacer un uso racional de los recursos públicos que maneja.

Tan sólo en 2018, su presupuesto ascendió a 24 mil 215.33 millones de pesos. El doctor en economía Óscar Enrique Díaz Santos señala que además de todos los “errores humanos” cometidos por el árbitro electoral en esta contienda, también afecta a su credibilidad la falta de transparencia en el ejercicio de su multimillonario presupuesto.

“Al INE se le da un presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y se supone que corresponde precisamente a todas las actividades de procesos electorales tiene que financiar, primordialmente las federales. En este caso, el problema es que el presupuesto se hace con base en los ejercicios pasados y de acuerdo con los procesos electorales se va incrementando, y eso implica  que se pongan recursos en partidas que no lo necesitan.”

Como ejemplo de ello, recuerda el llamado cochinito del Instituto: un supuesto ahorro por más de 300 millones de pesos que guardó en un fideicomiso destinado a la construcción una lujosa sede, en vez de reintegrarlo a las arcas de la nación.

“Ese cochinito no lo permite la Ley de Responsabilidad Hacendaria: lo que exige la ley es que reintegren lo que no gastaron y vuelvan a solicitarlo en el siguiente ejercicio justificando la necesidad de los recursos.”

La ausencia de transparencia va más allá del propio Instituto, y toca a los partidos políticos que el INE debería vigilar y sancionar. “Siempre he estado en contra de que al INE se le dé tanto dinero, incluso que a los partidos políticos se les den tantos recursos, porque hacen un cálculo y dependiendo de los votos que obtuvo el partido le dan un monto”, refiere el académico de la UNAM.

Experto en presupuesto público, indica que “el partido gasta pero muchas veces no comprueba el destino lícito del recurso”. Al respecto, critica que aunque el INE tiene la facultad de multar a los partidos políticos si éstos no comprueban sus gastos, pocas veces lo hace.

Díaz Santos observa que en México “los ciudadanos estamos pagando las elecciones y en ningún país del mundo se hace eso; aquí el pretexto es que no se permiten financiamientos de particulares, pero de todos modos se presentan, porque el hecho de que el INE financie las campañas con nuestro dinero no quiere decir que se va a evitar que los recursos de procedencia ilícita estén presentes”.

Ese afán de evitar que dinero del crimen organizado u otros particulares financien a los políticos también debería aplicarse a impedir el ejercicio indebido de los recursos públicos y a reducir los gastos, considera el doctor en economía. Y es que, señala, debería de existir un sistema de costos: “éste evitaría que se dieran recursos excesivos a la institución y a los partidos políticos”.

Pero, critica, en el país no hay un análisis serio sobre el gasto. En Chile, ejemplifica, “se hace un sistema costeo y se evalúa el gasto público por fases; pero aquí no, aquí se evalúa al final, 1 o 2 años después se fiscaliza y hasta entonces se encuentran las estafas maestras”.

 

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