El tsunami electoral del 1 de julio vino acompañado de gratas sorpresas adicionales. Cinco de los nueve partidos políticos nacionales (Nueva Alianza, Encuentro Social, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano) obtuvieron menos del 3% de la votación en alguna de las tres elecciones (presidente, senadores y diputados) o en las tres.

Tal situación encuadra en el supuesto del artículo 41 constitucional, que a la letra dice: “El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”.

Y otro tanto sucede en relación del Artículo 9, inciso C), de la Ley General de Partidos Políticos, que determina como causal de pérdida de registro “No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos…”

Como sentencia el conocido adagio popular, “más claro ni el agua”. Los cinco partidos mencionados encuadran en las hipótesis constitucional y legal de la pérdida del registro, sea porque no alcanzaron el 3% en las tres elecciones, como en los casos de Nueva Alianza y Encuentro Social; o porque no lo lograron en alguna de ellas, la elección presidencial, que es el caso de los partidos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano.

Al paso de los días, ha quedado claro que la grata sorpresa para quienes participamos en el tsunami no lo es tanto para el Consejo General del INE, que ya se apresta a hacer gala de sus malas artes de la interpretación jurídica para aplicar selectivamente las disposiciones constitucional y legal del retiro del registro a Encuentro Social y Nueva Alianza e intentar el rescate del PRD, el PVEM y Movimiento Ciudadano.

Los indicios de que el INE preparaba la puñalada trapera en contra de la voluntad popular se hicieron notorios a finales de la semana pasada. Mientras que juristas y analistas especializados argumentaban la inevitabilidad del retiro del registro a más de la mitad de los partidos, Lorenzo Córdova, el presidente formal del INE, los calificaba de “ocurrencias”; y por su parte, Marco Antonio Baños, el factotum del INE, declaraba en público que “algunos académicos estaban interpretando al revés los supuestos de ley”.

Ayer lunes, los indicios se convirtieron en hechos. El Consejo general del INE echó a andar el dispositivo para gestionar la desaparición de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, lo que en buena lógica acredita la negativa a aplicar similar tratamiento a los otros tres partidos pese a que existen los méritos suficientes para ello.

A la vista está el despliegue de una clara estrategia de protección de los intereses rentistas de tres partidos políticos por parte del Consejo General del INE. No es gratuito que el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova, y Marco Antonio Baños, el líder de una facción con cuatro de los 11 votos del Consejo, hayan salido tan pronto y al unísono a sostener una interpretación legal sin asideros hermenéuticos ni posibilidad de acreditar congruencia con los principios de legalidad, probidad o buena fe.

Dentro de las hipótesis explicativas de la iniciativa Córdova-Baños, se descartan la la ignorancia y las facultades mentales extraordinarias. Por el contrario, asumiendo que ambos son inteligentes y conocen la ley, cabe la sospecha de que en ciernes existe un acuerdo soterrado con el Tribunal Electoral, para traducir la protección a tres partidos políticos nacionales en una sentencia judicial inatacable.

Cualquiera sea el caso, no hay lugar a la duda de que ambos consejeros optaron por echarse a los hombros el trabajo sucio. Razones no les faltan, su arribo al Consejo y su permanencia en los cargos que respectivamente ocupan está plagada de manejos sesgados de la ley, acuerdos en lo oscurito y manejos palaciegos. Quizás les alcanzó el tiempo del pago deshonroso de facturas en un escenario en el que el presidente electo ya hizo pública su desconfianza al árbitro electoral.

A favor de la simbiósis Córdova-Baños obra el hecho de que las facciones protopriista, protopanista y protoperredista dentro del Consejo General tienen incentivos para avalar conjuntamente la decisión de proteger ilegalmente al PRD, el PVEM y Movimiento Ciudadano. En una de esas, hasta Morena podría sumarse a cambio de extender la protección al PES

Llegó el momento de exigirle congruencia al Consejo General del INE con su narrativa de alabanza a la colaboración de los cientos de miles de ciudadanos que recibieron los votos e hicieron el cómputo final y a los millones de ciudadanos que acudimos a las urnas. Lo conducente ahora es que los resultados electorales generen todas y sin excepción las consecuencias de ley previstas.

No es por propia decisión que la inmensa mayoría de ciudadanos padecemos las infaustas prácticas rentistas de partidos políticos que nada representan y en nada contribuyen al interés público. Hoy, por el arte y la gracia del tsunami electoral que protagonizamos y aún sin habérnoslo propuesto, frente a nosotros se yergue el premio adicional de liberarnos del lastre de franquicias partidarias especializadas en llenar los bolsillos de sus dirigentes.

La desconfianza en el INE no es gratuita. Más allá de lo que realmente deseamos de su actuación, es grande la certeza de que hoy, como casi siempre, su prioridad será anteponer los intereses rentistas de la partidocracia al cumplimiento de la ley y la salvaguarda del interés público.

No nos llamemos a engaño. El tsunami del 1 de julio puso de manifiesto una vez más que el INE, al igual que los partidos que hoy defiende, se encuentran situados en el espacio de los damnificados. En estricto sentido, su tentativa de evitar la extinción de tres partidos y su desafortunada participación en la integración del Instituto Electoral de Puebla muestran a carta cabal lo que desde hace tiempo sabemos: la funcionalidad del INE a la partidocracia y su disfuncionalidad a una democracia electoral de calidad.

*Analista político

@franbedolla

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