Las declaraciones en defensa de su millonario sueldo del ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, aunada a su proclama de rebelión en contra de la iniciativa anunciada por AMLO de bajarse su propio sueldo para forzar a la alta burocracia a hacer lo propio, pone el dedo en la llaga de la estructuración clasista-estamental del México contemporáneo.

El mencionado ministro cierto, dista mucho de ser la única víctima de la oleada de austeridad, contraria ésta a  las prácticas estamentales de reparto concentrado de la riqueza, el poder y el prestigio, prevaleciente en el México independiente, postrevolucionario y partidocrático, que las elecciones del pasado 1 de julio hicieron explotar.

A juzgar por la defensa oficiosa que los portavoces mediáticos afines al régimen anterior emprendieron de la renuencia del citado ministro, es evidente que el caso cala en los intereses de periodistas, intelectuales, empresarios, miembros de la alta burocracia, etc., que miran con pesimismo, terror y enojo el advenimiento de una nueva era que les despojará de sus canonjías.

Presos de la incapacidad de auto-observarse, las aristocracias de la economía, la política, el arte, la ciencia y la alta burocracia, se desentienden de que el cobre de sus vicios estamentales escurre a través de sus torpes justificaciones.

El debate, por cierto, no está en si un alto funcionario del Estado mexicano tiene derecho a una remuneración proporcional a sus conocimientos y responsabilidades, sino una comunidad política, que supuestamente ancla en los valores de la justicia y la libertad, puede permitirse que un funcionario público pueda devengar en un solo día más de lo que la gran mayoría de los mexicanos no gana en todo un mes.

En el imaginario jurásico-estamental, los únicos lentes que merecen la pena ser utilizados son los que permiten establecer diferencias jerárquicas. Desde ellos, el espacio es unidimensional y en él sólo existe el arriba y el abajo. Dicha lupa explica

la fascinación de los personajes VIP por el poder y los signos que lo vuelven patente: metros cuadrados de la oficina ocupada, auto oficial, celular, vales de gasolina, choferes, guardaespaldas, número de personas subordinadas, etc.

En dicho imaginario, la horizontalidad estorba, porque de hecho es insulsa. El ministro Luis María Aguilar, ciego y todo a lo que hay a su alrededor, la aplica a la perfección. Su argumento de oposición, tristemente, exuda ranciedad. Desde lo alto de su olimpo, el panorama es que la sostenibilidad del Estado de Derecho (como si eso existiera) descansa sobre los miembros de la alta burocracia judicial (ministros y magistrados). Así las cosas, lo menos que la sociedad les debe es exonerarlos de las estrecheces de la vida mundanal, a fin de alejarlos de las tentaciones que ciegan y sesgan la justicia.

El tristemente célebre, Luis María Aguilar, no deja nada a la imaginación. Lo que él no quiere es una remuneración austera que lo coloque en posición de que los malosos le lleguen al precio.

Su decir exhibe varios problemas. El primero es que difícilmente hay un precio al cual el crimen organizado no pueda llegar; de tal suerte que si su único sostén es la alta remuneración, lo menos que puede decirse es que no tiene defensa ni cabida en un esquema de austeridad republicana.

Hay un dispositivo que sirve a las conciencias morales para hacerse fuertes pos sí mismas frente a las tentaciones. Se llama ética. En el caso de los funcionarios del Estado, se llama ética pública.

El segundo problema es que el ministro, como el resto de los otros dignatarios, no arribó a su cargo por sus méritos profesionales, sino por el linaje y las relaciones que provienen de los estamentos. Es una discusión aparte si tienen o no los méritos para estar donde están. Lo cierto es que están ahí como representantes de los intereses estamentales de un régimen que feneció.

Puede decirse con toda claridad que si a los ministros actuales se les evaluara y remunerara por su rectitud y eficiencia para gestionar el imperio de la ley, probablemente quedarían a deber.

Y el tercer problema es que hay diferentes lupas con las cuales juzgar la contribución de las diferentes profesiones. ¿Cómo argumentar que es más relevante el papel de un ministro que juzga la constitucionalidad de las normas o las decisiones que las de un cirujano que salva vidas o las de una educadora.

En una sociedad diferenciada funcionalmente, las distinciones jerárquicas son cada vez más insuficientes para decidir sobre la relevancia de las contribuciones humanas. Entender eso, quizás nos cueste muchos dolores. Al tiempo.

 

*Analista político

@franbedolla

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