En el affaire del Fideicomiso “Por los demás” hay dos cuestiones más o menos claras: una, que existen evidencias suficientes para vincular a éste con Morena, presentarle como un mecanismo de financiamiento paralelo y encuadrarlo como un acto fraudulento; y dos, que existen evidencias de una fina maquinación perpetrada desde el seno del Consejo General para convertirle en una bomba y hacerla explotar a conveniencia por una facción de consejeros electorales.

No hace falta abundar en la primera. De hecho, es de reconocer que los detractores de Morena han sido empeñosos en la tarea. Tanta es la obcecación de los anti-AMLO que, al grito de “¡fue fraude!”, han dado en prestar poca atención al sintomático detalle de que la Unidad Técnica de Fiscalización eludió entrar al fondo del asunto, consistente en desentrañar el uso y el destino del dinero.

A ojo de buen cubero, cierto, la chamba de probar lo obvio está bien hecha. Los del INE acreditaron de manera fehaciente y hasta con el lujo de los detalles de las filmaciones de las operaciones de depósito en las ventanillas de los bancos que el fideicomiso existe y opera. Como conocido ex candidato diría “n’hombre unos genios”.

Luego de eso, y sin haber entrado al fondo del asunto, 10 de los 11 consejeros resolvieron aplicar una sanción por 197 millones de pesos. Al respecto, el detalle a resaltar es lo descomunal de la sanción para una dictamen tan superficial.  Y no es aquí donde el caso termina, sino donde empieza a ponerse bueno.

Entre los dimes y diretes en plena sesión del Consejo General salió a relucir un oficio suscrito por el consejero Marco Antonio Baños, cuyos patrocinadores en su actual encargo son Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, en el que urge a resolver el dictamen del citado fideicomiso dos días antes de la jornada electoral del 1 de julio.

No se requiere especial agudeza para enarbolar la hipótesis de que al consejero Baños le asistía en ese momento el interés de incendiar el espacio mediático y las redes sociales con una noticia de alto impacto en la votación. A la vista de tamaña obviedad, es de suponer que los cuatro votos que él maneja, incluido el suyo, resultaron insuficientes para imponer su felonía al resto de los consejeros.

Probablemente, si la resolución hubiese quedado en una multa tan módica como el dictamen en que se apoya o si el expediente no se hubiese filtrado a la prensa días antes de la resolución en el Consejo General, el caso no habría pasado a mayores. Lo cierto es que la quirúrgica filtración del expediente alertó a los consejeros opuestos a Baños sobre los costos que tendrían que pagar por la sospecha de estar encubriendo una ilegalidad. Fue así que el consejero golpista terminó saliéndose con la suya.

Experto como es en el arte de la chicana y el golpe trapero, será difícil probarle la autoría de la filtración. Aún así sería de interés público documentar cómo fue posible que la Unidad de Fiscalización lograra en el tiempo récord de un par de meses concluir con una indagatoria que, a juzgar por las experiencias cercanas, o llevan años o terminan en nada.

Una buena hipótesis es que el titular de dicha unidad, Lizandro Núñez, ex colaborador y cercano a José Antonio Mead, fue puesto ahí por sus nexos con las autoridades financieras y su especial sensibilidad para otorgarle prioridad a las indagatorias políticamente rentables para sus patrocinadores o a las peticiones de sus compañeros de causa en el Consejo General.

Una conclusión provisional es que dolo no mata ilegalidad o ilegalidad no exime del dolo. Morena se equivocó con el manejo de su fideicomiso y con ello abrió la puerta al manejo doloso instigado por Baños y su séquito, primero, y respaldado por seis consejeros más, después.

El desenlace en el Tribunal Electoral es incierto. Los magistrados electorales, siempre dados al cuidado de sus equilibrios políticos, torcerán la vara al lado que les plazca, si bien una salida honrosa y razonable sería pronunciarse por la ilegalidad del fideicomiso y por la disminución significativa en el monto de la sanción.

Menos lugar hay a la duda de que la disputa entre el Consejo General del INE y AMLO se está colocando cada vez más en el terreno público-político-mediático, que es donde el INE es más vulnerable y donde AMLO es hoy virtualmente imbatible. Así que si se trata de poner en la balanza los más de 30 millones de votos de este último en contra de los 30-40 puntos de confianza del último, la conclusión es irrecusable: el ganador será AMLO.

El desbarre del INE y la torpeza de usar su escaso capital reputacional en una torpe batalla no es un acto accidental, sino congruencia pura con su génesis partidocrática. Esperar que los actuales consejeros se deslinden del modelo de arbitraje para el cual fueron reclutados raya en la ingenuidad.

Quizá lo de menos sería saber su disposición para ajustarse a la política de austeridad salarial para la alta burocracia que pronto aplicará en el país. Lo relevante hoy es que la desconfianza justificada del líder de la fuerza hegemónica nacional y el desprecio social amenazan con profundizarse.

Una pequeña dosis de inteligencia bastaría para que los consejeros asuman que su margen de maniobra es prácticamente nulo. Y una pequeña dosis de dignidad sería suficiente para que ofrecieran voluntariamente su renuncia y despejaran el paso hacia una reingeniería político-electoral orientada a desmontar los mecanismos que facilitaron la captura de las instituciones del Estado mexicano por parte de las corporaciones rentistas.

Obviamente, no faltarán los críticos anti-AMLO dispuestos a desgarrarse las vestiduras en defensa de las instituciones (y los cotos de la partidocracia); y obviamente no faltarán quienes, con sobradadas razones, alerten sobre el peligro de la captura morenista de dichas instituciones.

Como doy por entendido que la Cuarta Transformación presupone instituciones estatales con plena autonomía para funcionar, creo que la salida viable es ofrecer garantías de mecanismos de integración por méritos y con plena transparencia.

*Analista político

@franbedolla

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