Durante las gestiones de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se realizó un saqueo que no terminó en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios, pues de los mil 900 millones de pesos del erario público asignados por esas dependencias, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.

Así lo dio a conocer el medio Reforma, quien apuntó que el desvío del dinero en efectivo, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, habría sido triangulado mediante depósitos y el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, para ser repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.

Decenas de viajes fueron realizados en camionetas blindadas a 10 domicilios para entregar millones de pesos en efectivo en costales en Polanco, en la Ciudad de México; Villahermosa, Tabasco; Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo y en Culiacán, Sinaloa.

Acusaciones sin pruebas

Por su parte, la funcionaria aseguró en su cuenta de Twitter que se trata de “acusaciones sin pruebas” y aceptó que “se revisen y continúen las investigaciones pertinentes para que se deslinde o se castigue cualquier responsabilidad”.

En conferencia de prensa sobre el Fondo Minero, declaró que puede estar “absolutamente tranquila de que lo convenios se realizaron, y si alguien en la Sedesol o la Sedatu hizo un mal uso de los recursos que se proceda conforme a la ley”.