El tema del matrimonio igualitario a nivel nacional es importante porque ya existen familias diversas y es necesario que se reconozcan sus derechos para que las parejas del mismo sexo tengan acceso a vivienda, seguro social y pensión, entre otros, puesto que estas mismas garantías no son cuestionadas en parejas heterosexuales.

El activista y director ejecutivo de la organización It Gets Better México, Alex Orué, expuso que el tema del matrimonio igualitario es sencillo y ya no tiene un costo político como hace algunos años, pues se ha ganado aceptación a nivel nacional y estatal, ahora es una cuestión de reconocer a familias que ya existen y legislar en el sentido que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Resaltó que los legisladores de muchos estados, en especial el de Yucatán, sólo postergan lo inevitable, por lo que el tema todavía se encuentra en la vía legislativa.

Ellos tienen la oportunidad de hacer lo correcto y cualquier otra cosa en contra de los principios de los derechos humanos que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afecta a sus propios contribuyentes, en especial al de los yucatecos integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGTBTTQ).

También afecta las garantías de las familias que ya existen, y que son vulneradas por no estar protegidas a la hora que se cuestionan sus derechos humanos, dignidad e identidad, lo cual da una licencia para discriminar y violentar en diferentes niveles, en donde su mayor expresión son los crímenes de odio, los cuales se tienen registrados en todo el pías, rubro en el que Yucatán ocupa el octavo lugar.

Los legisladores yucatecos deben tomar en cuenta que lo que dicen desde sus curules y desde las oficinas de gobierno tiene un impacto importante en la sociedad, por lo cual deben darse cuenta y actuar en congruencia de lo que les marca la ley.

En ese sentido, Orué compartió que se promovió la iniciativa de matrimonio igualitario en el Congreso de Yucatán, la cual se arrastra desde la legislatura anterior, pero en el periodo ordinario pasado se dijo que la prioridad era el paquete económico estatal, que era lo que se tenía que negociar en la Cámara de Diputados estatal, “lo demás, podía esperar”.

Por ello, el directivo de It Gets Better México, junto con otro compañero activista fueron al Congreso estatal a entregar un oficio para que se realicen dinámicas de parlamento abierto en la Comisión de Puntos Constitucionales, y se les informó que dicha comisión sesiona sólo martes y jueves, por lo que fueron citados para esos días.

Detalló que el día que fueron convocados no hubo sesión y con el antecedente de lo que había pasado en el Estado de México, que no hubo quórum, presintieron que se trataba de algo similar.

Orué expresó que con esos pequeños actos, los legisladores no actúan de buena fe ni voluntad política para abordar el tema, porque siempre habrá un asunto que para ellos será más relevante o de mayor importancia que el matrimonio igualitario.

Precisó que los coordinadores de las bancadas Morena, PAN y PRI indicaron que pondrán el tema de matrimonio igualitario a consulta ciudadana, lo cual no sólo es inconstitucional, como ya lo dijo la SCJN, sino que también puede ser que quieran desgastarlo en el debate público cuando eso ya se resolvió, ya que hubo una jurisprudencia y los legisladores están en desacato.

Alex Orué precisó que el coordinador estatal de Morena, Miguel Edmundo Candilas, dijo que se pueden amparar, mientras que la coordinadora del PAN, Rosa Adriana Díaz, manifestó que 99 por ciento de la gente que ella conoce está en contra del tema.

Si la señora únicamente lo consulta en misa, puedo entender porque tiene esa impresión, pero el asunto no es de popularidad. Si el sufragio de las mujeres se hubiera puesto a voto popular en su momento, no hubiera pasado; si los derechos civiles de los pueblos afrodescendientes en Estados Unidos se hubieran votado, tampoco hubiera ganado”, consideró.

Los derechos humanos no están a votación popular, con esos argumentos los derechos de las minorías se violentan, añadió.

Por lo anterior, 500 activistas se organizaron y formaron el colectivo “Por la protección de todas las familias en Yucatán”, para hacer presión para que no se postergue más el debate de acuerdo con la normatividad.

Señaló que por mucho que el Congreso estatal tenga el poder de legislar en torno al estado civil de sus ciudadanos, está limitado al reconocimiento de los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y los tratados internacionales a los que México está suscrito.

Por lo cual, mandaron un oficio a la oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y a la Comisión Estatal del Derechos Humanos, para pedirles un posicionamiento.

Ello, con respecto a lo que ocurre en el estado, porque se quiere que estos organismos estatales, nacionales e internacionales se den cuenta del estatus de esta discusión y del hecho mismo de que se debata, porque los diputados están en negativa.

Externó que los activistas involucrados en el tema han recibido amenazas de grupos antiderechos, así como de legisladores que a la hora de participar en este tipo de discursos discriminatorios validan la homofobia que impera en la sociedad, plataforma para justificar acciones de acoso y violencia en contra de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual (LGBTTTI).