El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que pactó con autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para entregarse a las autoridades en 2017, a cambio de que no molestaran a su familia.

De acuerdo con el exmandatario estatal, el acuerdo se pactó con autoridades del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para que dejaran de molestar a su familia.

Pacté mi entrega, sí, a través de aquel entonces con los que eran mis abogados se hizo una mesa de trabajo en donde mi abogado (Marco Antonio del Toro) en la Ciudad de México donde participaron funcionarios de aquella administración del Cisen, Segob y PGR“, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, desde el Reclusorio Varonil Norte.

Según Duarte de Ochoa, el hecho de que su familia estaba “dentro de esta circunstancia“, lo obligó a decirle al gobierno federal, encabezado entonces por Peña Nieto, qué debía hacer para que dejaran en paz a su esposa Karime Macías y a sus hijos, que son menores de edad.

El acuerdo era muy sencillo, te tienes que entregar antes de las elecciones a gobernador del Estado de México en julio“, para que su familia pudiera irse a otro lugar y establecerse sin correr riesgo alguno, relató.

Expuso que no fue una detención sino una entrega en Guatemala y consideró que el acuerdo no se cumplió del todo, sólo en el aspecto de dejar a su familia, pero los demás elementos no, pues lo iban a trasladar a un penal federal.

El exgobernador de Veracruz aseguró que tiene información “valiosa y detallada” de muchos temas en contra de diversos exfuncionarios involucrados, que puede ser integrada en las indagatorias, la cual quiere entregar a las autoridades correspondientes.

Expuso que solicitó de manera formal al fiscal General de la República que envíe un agente del Ministerio Público Federal que le tome declaración ministerial y aporte la información que tiene.

Explicó que tomó esa decisión porque es un deber ciudadano, para dar la información que conoce y por la extorsión en la que se vio afectado, así como su familia.

Aseveró que fue objeto de “una cacería y persecución inédita, linchamiento público y descomunal basado en elementos que se están cayendo“, pues fueron pruebas fabricadas en su contra.

Duarte de Ochoa añadió que su condena de nueve años “fue pactada” a cambio de la entrega de recursos y la afectación de cargos.

Confío en las nuevas autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), en su independencia, transparencia y profesionalismo y que no tiene elementos externos que hagan que actúen al margen de la ley o con otros fines distintos a la procuración de justicia, pues antes no podía hacerlo y está dispuesto a aportar los elementos que tiene.