Dónde están las autoridades judiciales que permitieron que la señora Mireya Agraz Cortés, de la ciudad de México, en desesperación decidiera acabar con la vida de sus hijos, la de sus padres y  la de ella con tal de no permitir que las dos hijas y el hijo que procrearon ella y su ex pareja quedaran bajo la custodia y potestad de él.

Dónde están las y los responsables del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia capitalino que no supieron del caso para poner a los menores a salvo del presunto acoso sexual y físico que cometía su padre en contra de los tres.

Dónde está la Juez Décimo Primero de lo Familiar que condenó a Mireya entregar a los menores al padre, pese a que la mujer Mireya denunció hechos y abuso sexual por parte de su ex esposo hacia sus niñas y su niño.

Dónde está la autoridad capaz de enfrentarse al hombre que cometía pederastia contra su propia familia.

Dónde están la justicia, la bondad, la solidaridad, el acompañamiento y la misericordia que necesitaban Mireya y sus hijos para superar la prepotencia del hombre, que al parecer por ser abogado tuvo la ocasión de  acomodar los fallos judiciales a su favor y con ello tener a los niños bajo su custodia.

Todo ello quedó fuera del caso, porque el martes pasado fueron descubiertos los cuerpos sin vida de los tres niños, la señora Mireya y su padre, así como el cuerpo con vida de su madre, a quien no le hizo el mismo efecto el medicamento con el que se pretendió el suicidio colectivo.

Sin duda este caso ha generado gran polémica entre la ciudadanía luego de que se determinara que fue la propia mujer la que envenenó a los menores y que los dos ancianos también estuvieron de acuerdo en suicidarse.

Ello lo determinó una nota hallada en la vivienda de la colonia San Jerónimo Lídice, de la delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, donde un familiar encontró los cuerpos sin vida de dos niñas de seis años, un niño de nueve, la madre de estos, Mireya, el abuelo de 70 años y aún con vida, a la abuela, de 68 años.

Nos tomamos un coctel de pastillas molotov, si no nos hizo a tu mamá y a mí daño, un tiro a cada uno con la 25 Quique“, decía la nota dejada para su hijo por el señor Enrique Agraz.

Tras la muerte de las personas señaladas, en los medios de información el abogado Jesús Mora Lardizábal, representante legal de Mireya, denunció que esta tragedia derivó del abuso sexual que el padre de los niños cometía en su contra y quien recientemente había ganado la custodia para que los pequeños vivieran con él.

Él fue quien colocó a la señora Mireya al final del precipicio y la obligó a dar el paso que ella tomó. La propia Procuraduría (capitalina) debe investigar hasta qué punto, hasta qué exceso, él la llevó para tomar esa decisión“, sostuvo el abogado.

Mora Lardizábal manifestó que en dos averiguaciones previas, Mireya denunció hechos y abuso sexual por parte de su ex esposo hacia los niños; sin embargo, la Juez Décimo Primero de lo Familiar la condenó a entregar a los menores al padre, argumentando que “las manifestaciones de los tres niños no fueron robustecidas por otros elementos de prueba, aunque sí las había“.

Explicó que la juzgadora incluso ignoró una prueba donde el niño Emiliano relató todo lo que su padre le hacía y que “las declaraciones de las dos niñas no las valoró y, aparte, los peritajes psicológicos tampoco los valoró“.

Nadie creyó en su palabra, nadie pensó en el castigo que representaba para los niños quedar a expensas de su padre. La desesperación la dejó sin salida, pero pudo poner a sus hijos lejos de las intenciones de quien fuera su padre.

 

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