En estos días se conocerá el destino del fiscal de asuntos electorales, Santiago Nieto, quien filtró a un periódico nacional (Reforma) que había recibido presiones por parte de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este último señalado de cometer un desvío millonario de la empresa Odebrecht hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este hecho ocurre en un momento álgido en la Procuraduría General de la República (PGR) institución acéfala y que ahora es atendida por el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán. Hay que recordar que hace poco tiempo el ex procurador del PGR, estuvo envuelto en otro maremoto político. Lo anterior, porque Raúl Cervantes personaje también muy cercano al PRI pretendía encabezar la Fiscalía General de la República, generando toda una serie de reacciones en la comentocracia nacional. La síntesis de aquel debate entre la clase política se resumió en una frase lapidaria: no al fiscal carnal. Una manera coloquial de interpretar que el PRI deseaba tener un Fiscal amigo incapaz de someter a proceso a la cúpula en el poder.

Pues bien, bajo este escenario, la destitución de Santiago Castillo viene a reforzar el juicio inicial de llenar de “amigos” o bien de personas que actúen por consigna, las instituciones de administración y procuración de justicia.

El mensaje es muy claro, sacar a Nieto Castillo, es equivalente a quitar a una persona incómoda que pueden juzgar y a la postre enjuiciar a quienes cometan delitos electorales. En lógica pura, si el fiscal es “amigo” del gobierno parece que la estrategia está cantada. El PRI buscará repetir la elección local del Estado de México, es decir, inyectar cantidades exorbitantes de dinero en la campaña presidencial, comprar votos y utilizar las conocidas artimañas con tal de ganar la elección. Al fin que en la fiscalía tendría un aliado.

Por ello, los partidos contrarios al PRI han levantado la voz para que dicha remoción no se concrete. En este sentido, vale la pena recordar el mecanismo de elección del fiscal. Este cargo es sometido al escrutinio del Senado de la República quienes eligen y también pueden remover al titular de la FEPADE. En aquel órgano legislativo el PRI no tiene la mayoría. En ese sentido los partidos han conformado bloques que están a favor de la destitución y quienes están por la continuidad de Nieto Castillo.

Cualquiera que sea el desenlace que esta historia la FEPADE ya quedó fracturada. Aunque hay que decir con claridad que dicha institución ha quedado a deber en algunas elecciones locales donde había elementos para iniciar sendos procesos por delitos electorales. Pero de cualquier manera, al frente de esa institución se encontraba una persona lejana al grupo en el poder. Pero lo cierto, es que con los recientes acontecimientos estamos perdiendo de vista lo esencial. Y es que, en el fondo hay un proceso en curso sobre la posibilidad de desvío de recursos de la empresa Odebrecht hacia el PRI. Ese es el punto que se debería de estar discutiendo. Pero en una hábil jugada el gobierno está llenando de nubarrones la institución que debería juzgar ese asunto para debilitarla y, a la postre, cuestionar su actuación.

Bajo esta dinámica, existen los elementos para pensar que se está fraguando desde ahora una elección de Estado en donde la estrategia está siendo clara: minar las instituciones electorales para debilitar su actuación. Este golpe aparte artero contra la democracia institucional recuerda las viejas prácticas del peor PRI.

 

Enrique López Rivera

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