Al señalar que el presente proceso electoral no está exento de ilegalidades y uso de dependencias y recursos públicos para fines políticos, la Coparmex Hidalgo exigió a los gobiernos federal, estatales y municipales, que eviten desviar recursos presupuestales a actividades de proselitismo electoral.

Asimismo, señaló, “entidades fundamentales del Estado responsables de la procuración de justicia, la seguridad nacional, la fiscalización tributaria y la inteligencia financiera, están siendo utilizadas de forma inaudita y alejada de estándares, con la finalidad aparente de minar la competencia democrática y debilitar a los adversarios políticos”.

El presidente del organismo empresarial, Ricardo Rivera Barquín, hizo un llamado “firme a los tres niveles de gobierno, para que eviten todo comportamiento o actuación que genere sospecha, indicio, o evidencia de una injerencia ilegal en el proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en treinta entidades federativas”.

En un comunicado oficial, señaló el empresario que “los casos de corrupción y desvío masivo de recursos públicos, en ocasiones documentados por la Auditoría Superior de la Federación, en otros denunciados por organismos de la sociedad civil, y algunos más identificados y denunciados por los medios de comunicación parecen apuntar claramente al uso sistematizado del erario, en los distintos órdenes de gobierno, con fines electorales y partidistas”.

Pero el desvío de recursos para fines electorales no ha sido la única manifestación aberrante de la captura de las instituciones para fines ajenos a su mandato legal, señaló el empresario; “en días recientes, la actuación institucional y apartidista de varias instituciones federales, especialmente la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Servicio de Administración Tributaria, se ha puesto en entredicho por algunos partidos y candidatos”.

Hay señalamientos similares en gravedad en los ámbitos locales y municipales, respecto del proceder de autoridades equivalentes en esos órdenes de gobierno, abundó.

El extrañamiento al abandono de la ortodoxia institucional ha sido señalado por un número creciente de organizaciones y activistas sociales, intelectuales, académicos y líderes de opinión, y referido apenas unas horas atrás, al titular del Poder Ejecutivo Federal”.

Subrayó que “la credibilidad y confianza institucional, es un ingrediente fundamental de la democracia.  La confianza en la justicia, de forma particular, es uno de los pilares que deben sostener todo el andamiaje del Estado de Derecho”.

Exigió finalmente que “la ley se aplique de manera irrestricta. Si hay evidencia de la comisión de un delito, este debe ser investigado, perseguido y sancionado sin distinciones. La ley nunca debe ser herramienta de persecución o negociación política. Mucho menos, espacio de complacencia para cuando se afectan los recursos públicos”.