El enfoque se las corrientes múltiples, relativo al diseño de políticas públicas, es un marco que busca explicar cómo se elaboran las políticas públicas en un contexto cambiante. Tal perspectiva supone que la elección de una alternativa o rumbo de acción es el resultado de una coyuntura favorable para la formulación de una política específica.

Su esquema básico fue propuesto por John W. Kingdon (1995), identificando tres corrientes o flujos que transitan a través del sistema político: el flujo de la política o el estatus de la política y la opinión pública; el flujo de la política pública o de las soluciones potenciales para un problema; y, el flujo de los problemas, sus atributos y la atención que reciben.

Cada flujo tiene su propia dinámica y resulta en buena medida independiente de los otros. De manera coyuntural, en puntos críticos, los flujos pueden conectarse entre sí y dar lugar a una ventana de oportunidad que permite adoptar una política específica. Las reformas estructurales instrumentadas en el sexenio que se encuentra por terminar son ejemplo de ello, pues entonces y no antes se dieron las condiciones adecuadas para su adopción.

El caso del aeropuerto alterno a la CDMX es una cuestión que puede verse a la luz de las corrientes mencionadas. Como se sabe, su construcción ha estado en debate prácticamente lo que va del siglo. Desde 2000 arrancó la competencia entre dos alternativas técnicamente viables según sus promotores (Texcoco y Tizayuca). Habiéndose inclinado del Gobierno Federal por la opción de Texcoco, en 2002 las protestas sociales, llevaron a la cancelación del proyecto y la derogación de los decretos de expropiación de los terrenos destinados para su construcción. Optando por ampliar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

A pesar de la medida, la capacidad de operación de dicho puerto aéreo no puede cubrir la demanda creciente de servicios aeroportuarios, decidiéndose de nueva cuenta construir una nueva terminal aérea. Eligiendo esta vez construir en terrenos de propiedad federal, el proyecto fue presentado en 2014 y su construcción se encuentra en marcha. Sin embargo, con el cambio de gobierno se especula acerca del rumbo que tomará el proyecto, generándose un nuevo debate público abierto sobre la pertinencia de cancelar o no su ejecución.

Con el arribo de un gobierno opositor al actual régimen, cambia sobre todo el estatus de la política y la opinión pública. Se trata desde luego de un reacomodo de grupos de poder, donde unos ganan y otros pierden influencia, construyendo de otra forma el debate público. Cambia también la presencia de soluciones potenciales para resolver el problema de los servicios aeroportuarios en el centro neurálgico del país, pues toman mayor fuerza soluciones poco consideradas previamente, en concreto, el acondicionamiento de la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Cambian también las condiciones que originan el problema a resolver. En términos de eficacia y eficiencia, es prudente contemplar las limitaciones de presupuesto asociadas con un importante incremento en la deuda pública y analizar la pertinencia de una solución menos costosa, incluso a pesar de tener menor alcance o lucimiento.

El debate está ahí. Por un lado, se propone una consulta popular. Por otro, se considera que se trata de un asunto de expertos. Dado que toda solución tiene ventajas y desventajas, que las opiniones sean encontradas es parte de un proceso normal de toma de decisiones. Así, la decisión final descansa en el campo de los hacedores de políticas. Pronto veremos si se abre o no una ventana de oportunidad.

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