Con una inversión de mil 200 millones de pesos en obra pública federal este año, la cual se encuentra totalmente licitada, se repitió por segundo año consecutivo la baja en la inversión del gobierno de la república en la entidad, frente a los años 2015 y 2016, cuando esta fue superior a los cuatro mil millones de pesos.

Y es que una vez más, el gobierno federal destinó apenas el 1 por ciento del Producto Interno Bruto nacional a obra pública, cuando el mínimo aconsejable es del 2.5 por ciento.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, informó que de acuerdo a los datos conque cuenta el organismo, esos mil 200 millones de pesos fueron ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, el IMSS y la Comisión para el Desarrollo Indígena,  y ya fueron licitados en su totalidad, y fueron afiliados a la CMIC los que obtuvieron el 60 por ciento de los montos.

Las obras están prácticamente por terminarse, esperando concluirlas  antes del mes de octubre y a la espera de que los pagos queden cubiertos en su totalidad antes del cierre de administración actual y del cambio de gobierno”.

De recursos estatales, 800 mdp licitados

En cuanto a la obra pública estatal, Henke Escorza detalló que han sido licitados alrededor de 800 millones de pesos en la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; 300 millones de pesos más del Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa y 100 pesos más de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado.

“De los recursos estatales tenemos que el 60 por ciento de las obras fueron asignadas a empresas de la CMIC.”

Faltan aún por ejecutarse los programas del Fondo Metropolitano, como son Fonregión  y Fam Básico, Escuelas al 100 y un par de programas más, por alrededor de 800 millones de pesos más, “por lo que solicitamos al gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, que nos apoye para que estas obras se entreguen a constructoras afiliadas”.

En lo que se refiere al pago a constructoras, Henkel Escorza informó que “al parecer todos los programas van bien, con excepción del programa PROII, del cual se tuvo una inversión inicial de 320 millones de pesos pero se recortaron 93 millones de pesos”.

Con este recorte se afectó a obras en proceso, “por lo cual no se cubrirán las metas inicialmente propuestas, lo que ha generado descontento en las comunidades  indígenas, además de un decremento en las finanzas de las empresas”.

 

Llamado a la Contraloría del estado

Finalmente informó que algunas presidencias municipales siguen otorgando obra de manera discrecional a sus allegados “y hacemos un llamado para que esta práctica se acabe y la Contraloría del estado tome cartas en el asunto”.