Entre el 2005 y 2016 el gobierno de Puebla registró un proceso regresivo en relación con sus obligaciones de garantía y protección de los derechos vida, al desarrollo, a la seguridad y al bienestar de la mayoría de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Así lo informó Elsa Herrera Bautista del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Puebla, durante la Jornada “Y cuando despertaron el muro seguía ahí”, que desarrolló la Universidad Iberoamericana de Puebla, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Al respecto argumentó que Puebla presentó una tasa de mortalidad de 26.3 defunciones por cada 100 mil en menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas cuando a nivel nacional el promedio es de 19.6 por cada 100 mil.

De esa cifra, según la UNICEF, más del 90% de los casos pudieron evitarse por tratarse de infecciones.

Por su parte, Gabriela Cortés Cabrera, habló de las violaciones a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales (LGBTTTI), en el estado de Puebla, en donde afirmó que existe una clara violación al principio de igualdad y no discriminación, así como a derechos civiles y políticos, el no reconocimiento de los matrimonios igualitarios provoca condiciones de vulnerabilidad y de desprotección para parejas del mismo sexo que quieran celebrar este contrato civil.

Cortés Cabrera argumentó que existe una violación al derecho de acceso a la información, en tanto no existen cifras oficiales ni un trabajo orientado a transparentar y documentar claramente, y de la forma más precisa posible, la situación de las personas LGBTTTI en el estado, situación que no ha cambiado en un periodo de diez años, entre 2005 y 2011.

Posteriormente, Karen Torres Hernández, expuso la situación de los Derechos Humanos de las mujeres, sobre los cuales refirió que a pesar de los esfuerzos en la adopción de medidas legislativas, de organización de la estructura gubernamental y de política pública, la violencia contra las mujeres, incluida la discriminación, sigue siendo un problema evidente en Puebla.

La falta de actuación e impunidad estatal frente a la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, desencadena el número de feminicidios. De 2010 al 30 de mayo de 2017, el Observatorio de Violencia Social y de Género documentó 410 probables feminicidios.

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