Ciudad de México. Desde San Lázaro, la diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Procuraduría General de la República (PGR), apresure las investigaciones sobre la presunta desaparición forzada del activista y defensor de los derechos ambientales, Sergio Rivera Hernández.

La legisladora poblana, recordó que el pasado 23 de agosto con lujo de violencia, Rivera Hernández fue privado de su libertad por un comando de sicarios ligados al presidente municipal de Zoquitlán, por su participación en la resistencia para oponerse a la construcción del sistema hidroeléctrico, Coyolapa-Atzala, impulsada por el Grupo Ferrominero de México y la Minera Autlán.

“El pasado 23 de agosto en la comunidad de Coyolapa, Rivera Hernández se encontraba conduciendo una motocicleta cuando comenzó a ser perseguido por dos camionetas en las que iban 4 sujetos, 1 de ellos identificado plenamente por testigos presenciales como un sicario ligado al presidente municipal de Zoquitlán, ese día la camioneta embistió a Sergio Rivera, para luego llevárselo de forma violenta mientras era encañonado con armas de grueso calibre”, señaló.

Parra Juárez resaltó que Rivera Hernández ha encabezando en la comunidad de Coyolapa y en otras comunidades vecinas un proceso organizativo para exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas para impedir que se avance en la imposición de este megaproyecto.

A través de un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, la congresista por Morena, denunció que la “Minera Autlán” ha propiciado un esquema de división en las comunidades que opera en dos niveles; “el primero de ellos, el enfrentamiento interno entre la población y el segundo, corrompiendo a las autoridades municipales para facilitar los permisos y amedrentar a las personas opositoras de este proyecto”.

Informó que los presidentes municipales de San Pablo Zoquitlán, Fermín González León y de Tlacotepec de Díaz Cirilo Trujillo Lezama han utilizado la propia infraestructura y al personal del gobierno de estos municipios para favorecer los intereses de la minera, incluso, han conformado un grupo armado para intimidar y amenazar a las personas que se oponen a la Minería, y así mantener el control de la zona.

Lamentó que el activista indígena y defensor del medioambiente, ya había recibido previamente varias amenazas, y otros actos de intimidación, uno de ellos el 28 de junio cuando un grupo de sicarios ligados a la presidencia municipal, lo detuvo ilegalmente en compañía de 2 activistas, todos ellos miembros de la resistencia indígena contra la hidroeléctrica e integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Los 3 fueron golpeados y amenazados de muerte; sobre estos hechos se presentó una denuncia formal en la Fiscalía de Tehuacán, quedando registrada bajo el número CDI/1935/2018 sin que hasta el momento se hayan tenido algún resultado en dicha investigación.

La legisladora por el distrito 4, deploró que aunque la Fiscalía General del estado de Puebla y la Procuraduría General de la República cuentan con las respectivas carpetas de investigación, integradas bajo la posible comisión del delito de desaparición forzada, ninguna de las 2 instancias de procuración de justicia “han atinado a dar con su paradero, ni mucho menos han dado resultados satisfactorios sobre los responsables de este ilícito que además es calificado como de violación grave a los derechos humanos”.

Exigió que que ambas instancias de procuración de justicia realicen todas las labores que sean necesarias y que destinen todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos que tengan a su disposición para realizar las acciones de búsqueda y localización inmediata del defensor de los derechos ambientales, así como para que identifiquen, acusen y procesen a las personas que sean responsables de este delito.

De igual manera, pidió que se garantice la integridad y la seguridad de la familia del activista, de sus compañeros de la resistencia y de todas aquellas personas que puedan ayudar en las investigaciones ministeriales que se realizan.

Enclavada en el corazón de la Sierra Negra de Puebla, la comunidad indígena de Coyolapa ha vivido en los últimos 2 años un proceso de organización comunitaria de resistencia para oponerse a la construcción del sistema hidroeléctrico (hidroeléctrica) Coyolapa-Atzala, pues este proyecto acarreará importantes afectaciones comunitarias y medioambientales en varias de las comunidades que hoy se mantienen en resistencia.

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