El 65% de los programas sociales en Puebla no tienen padrón y el 61% carece de reglas de operación, “es totalmente discrecional”, por lo tanto quien opera estos programas desde las altas esferas, hasta los operadores en tierra tiene una amplia discrecionalidad en permitir a las personas en necesidad acceder a esos recursos o no acceder.

Así los evidenció Miguel Calderón Chelius, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al presentar el estudio Democracia sin pobreza 2018.

Y es que destacó que la población mexicana menos favorecida continúa siendo el blanco de acciones ilegales e inmorales, específicamente cuando se trata de procesos democráticos.

“Pobreza, desigualdad y democracia no solo son carencias sino también son la relación asimétrica en la toma de decisiones de la clase política para determinar la subordinación entre los menos favorecidos, esos que no se encuentran en el sector privilegiado”, alertó.

Dijo que ejemplo de ello es lo que pasó en las pasadas elecciones, con la compra del voto, el cual –dijo- es un acto ilegal que se mueve en el clandestinaje. “Vemos en este estudio que representa solo una parte del problema, pero es relevante pues nos permite tener por primera vez una lectura del panorama general de cuál es la situación de la compra del voto en el país”.

Adelantó que desde el Departamento de Ciencias Sociales se está trabajando en una investigación que tiene como finalidad analizar cómo opera la compra de votos y cuál es el peso de la pobreza y desigualdad en los procesos electorales.

Por su parte, Alberto Serdán Rosales, coordinador general de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, afirmó que durante las pasadas elecciones, 30 millones de mexicanos (33.5%) recibieron alguna oferta para la compra de su voto, de acuerdo a una encuesta realizada por la iniciativa.

Advirtió que los altos índices de pobreza y desigualdad que prevalecen en el país son un factor importante para que la compra del voto prevalezca, por lo que es necesario brindar a la población mejores condiciones económicas, así como transparentar y erradicar todo tinte político en la entrega de apoyos sociales.

De acuerdo a la encuesta, de los 30 millones de mexicanos a los que se les ofertó la compra de su voto, 15.5 millones rechazaron la oferta y 9.1 millones sí recibieron algún tipo de remuneración por su voto, sin embargo, hasta el 80% de ellos declaró que esto no influyó en la decisión para su voto; por lo que, pese a todo el esfuerzo de los partidos políticos, no lograron influir en los resultados de la elección presidencial.

Alberto Serdán destacó que de los 9.1 millones de delitos electorales consumados no hay datos de personas que estén siendo investigadas por estas prácticas, por lo que destacó que la impunidad es otro factor importante que permite que estas prácticas se realicen con tanta naturalidad.

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