Vox | Nacional

Joder a México

2016-11-02 07:15:00
Por Francisco Bedolla Cancino
Periódico Síntesis Columinista Francisco Bedolla Cancino

El caso de Veracruz, por muchas razones, resulta emblemático del lugar en que, como país, estamos parados. Al amparo de las instituciones federales, por años se dedicó a desviar los recursos públicos de Veracruz a su peculio personal, hasta dejar las arcas públicas vacías y a la entidad en la bancarrota fiscal. Luego, cual trofeo a la estupidez, la ingenuidad o el menosprecio vil a la inteligencia ciudadana, los responsables de la seguridad pública nacional cooperaron a la perfección para que el pillo de marca, Javier Duarte, pudiera procesar su licencia como gobernador y desaparecer. El toque fino de esta farsa es la toma del Palacio de Gobierno por parte de los presidentes municipales de la entidad, que reclaman la entrega de las partidas presupuestales que por ley les corresponden y de las cuales depende su operación en el corto plazo.

Expoliación sistemática, complicidad al más alto nivel e impunidad son las marcas distintivas de esta truculenta historia que desemboca en la bancarrota fiscal de Veracruz.      desfalcó cientos y cientos de millones de pesos de las arcas públicas de su entidad, de tal suerte que resulta triste, por no decir risible, que hoy los presidentes municipales, cual movilización de protesta opositora izquierdosa, tengan tomado el palacio de gobierno de Veracruz para exigir que les sean entregadas las partidas presupuestales que les corresponden.

Tan desastroso panorama torna obligada la pregunta sobre si el resto de las entidades federativas marcan una diferencia notoria con la experiencia veracruzana o si, por el contrario, se trata de un caso más en la larga cadena de depredación sistemática de la riqueza por parte de las elites políticas que operan en el nivel local. Si uno voltea la mirada a César Duarte, Guillermo Padrés, Moreira y Borge, por sólo citar los casos publicitados recientemente, la respuesta apunta a que estamos frente a un patrón delictivo generalizado, que con una altísima probabilidad ofrece tela de dónde cortar, cualquiera sea la dirección en que quiera avanzarse.

Así las cosas, salvo mejor argumento, una de las preguntas obligadas, incluso urgentes, es la relativa a las capacidades fiscales de la federación para subsanar, por las vías usuales de asignación de partidas extraordinarias o permisividad para la contratación de deuda pública, la expoliación masiva, incluso bestial, de las arcas públicas por parte de los gobernadores, sobre todo en situaciones de extrema astringencia financiera.

En el contexto descrito, cabe colocar el análisis de la designación, por ocho años, de Raúl Cervantes como Procurador General de Justicia y,  a la sazón, Fiscal General de la Nación, con el apoyo masivo de las bancadas legislativas del PRI, el PAN y el PRD.  Léase: de la clase política en su conjunto. En sí misma, esta propuesta de EPN actualiza el caso típico de un conflicto de interés en todos sus matices. Real, porque existen casos pendientes de resolver que demandan distancia y autonomía; aparente, por la filiación política al PRI y los nexos familiares con personajes del primer círculo presidencial del titular de la PGR; y potencial, porque reúne todos los visos de un blindaje transexenal ante eventuales revisiones de casos señalados de corrupción al más alto nivel.

Tan sintomática como la elección de un activo personal y partidario propios, o más, resulta la complacencia del PRD y el PAN en tan importante asunto. Y la lectura es igualmente simple y contundente: la clase política no está dispuesta a ir más allá de la caza y la maceración mediática de algunos cuantos chivos expiatorios, bajo un proceso acotado y perfectamente negociado, al estilo de los casos Duarte y Padrés. En tal enfoque partidocrático, un jurista como Cervantes se ajusta a la perfección a  los limitados confines de la lucha contra la corrupción. La pregunta por delante, así, es ¿qué tanto más podrán resistir las arcas públicas el azote sistemático perpetrado por las élites de los gobiernos locales?

Al trasluz de las evidencias sobre la improbabilidad funcional del actual arreglo de gobernabilidad, que apuesta a mantener aceitada la maquinaria a punta de billetazos, una buena pregunta es, ¿no le parece, señor presidente, que su grotesca elección de Procurador implica la renuncia tácita al despliegue de una política anti-corrupción acorde a la delicadísima situación financiera y social del país y que, haciendo uso de sus propias palabras, ésta entraña una manera de joder a México?

Ciertamente, la inventiva no se agota aquí. Los señores senadores, que con el desparpajo ya característico, mostraron nulo empaño en partidizar abiertamente la integración del Tribunal Electoral, primero; y remataron luego extendiendo sin mayor debate ni razones de peso los lapsos de designación de los magistrados. Y la lista podría seguir. Prominentes políticos despilfarrando sumas millonarias en actos anticipados de campaña y promoción personal, disfrazados de marketing de revistas apócrifas; dirigentes partidistas violentando sistemáticamente la legislación electoral y los derechos de sus agremiados, con tal de no perder terreno en la lucha sucesoria.

En suma, el panorama es sombrío y empeorando progresivamente. La corrupción es el trasfondo y la motivación más poderosa de la clase política mexicana y la competencia partidista, su más poderosa fuerza impulsora. En su visión, no existen formas alternativas al truco y la trampa para acceder al poder y los cargos públicos y, una vez en ellos, aplica la fórmula del mayor provecho privado de la riqueza pública. En este contexto, le asiste la razón a EPN. No hace falta alguna levantarse con la intención de joder a México, basta con ajustarse a la máxima de la política y los políticos mexicanos: “a lo que te truje, Chencha”.    

 

*Analista político

@franbedolla     

 

francisco bedolla cancino,Joder a México

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