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INE: árbitro inútil

2016-12-07 06:30:00
Por Francisco Bedolla Cancino
Periódico Síntesis Columinista Francisco Bedolla Cancino

El actual desencuentro entre Rafael Moreno Valle, gobernador saliente de Puebla, y el Consejo General del INE difícilmente pasará a la historia por inédito, pero quizás sí lo haga como premonición de que la sucesión de 2018 se enfila ya desde ahora hacia un despeñadero. Para nada es un tema menor el hecho de que un prominente miembro de la clase político-partidaria nacional con aspiraciones presidenciables, más sin razón que con ella, eleve tan duros señalamientos en defensa de sus derechos políticos y la libertad de expresión en contra de la máxima autoridad electoral, cuya gestión considera sesgada y parcial.

Y es que, si bien se mira, Moreno Valle no ha hecho ni más ni peor de lo que otros políticos en situación e intereses similares han convertido en parte de las convenciones no escritas de la competencia electoral mexicana: usar los recursos públicos a su disposición para promover su posicionamiento ante el electorado. Léase: para hacer propaganda política, disfrazada de libre expresión de las ideas.

Precisamente, el exabrupto de este gobernador todavía en funciones con el árbitro electoral pone el dedo en la llaga de la democracia electoral, al menos por dos razones: una, por la inexistencia de una línea de demarcación  efectiva e institucionalizada que sirva para discriminar entre los actos de los políticos en ejercicio de su libertad de expresión y los actos de los políticos en búsqueda de ventajas indebidas (no necesariamente ilegales pero sí contrarias a la ética), es decir, sus actos propagandísticos; y la otra, por la ostensible parcialidad de los consejeros electorales en el tratamiento de este tipo de casos.    

El consejero electoral, Marco Antonio Baños, representa quizás el detalle sintomático de que la casuística, y no la certeza jurídica, es el modo en el que el Consejo General conoce, construye y resuelve las controversias entre los casos de potenciales de ejercicio de la libertad de expresión y propaganda o promoción política personalizada. Es el caso de que semanas atrás, a propósito de una visita a la entidad poblana y a pregunta expresa, el citado consejero electoral señaló que esa línea era muy delgada y, más aún, se pronunció  por la legalidad de los actos promocionales del gobernador poblano. Hoy, con el voto mayoritario de los consejeros electorales, el caso dio un giro en sentido contrario; y usando una lupa más celosa, recorrieron la línea sutil, para establecer que se trataba de actos de propaganda, dignos de ser sancionados.

A reserva de lo que pueda suceder en adelante, sobre todo teniendo en cuenta que los magistrados del Tribunal Electoral comulgan de la casuística de los consejeros electorales, lo cierto es que el diseño normativo vigente apunta en sentido contrario a la verdad material de los hechos por juzgar. El consejero Baños, viejo lobo de mar, probablemente tiene razón en señalar que no ve ilegalidad en los actos de Moreno Valle, aunque bien sabe de sus pretensiones y efectos propagandísticos, en razón de que la ley exige pruebas fehacientes de que media un contrato de compraventa entre el beneficiario y alguna empresa de comunicación. Dicho en lenguaje llano: como dicho contrato entre Moreno Valle y la empresa Líderes Mexicanos seguramente no existe documentalmente, resulta del todo incomprobable el delito señalado.

Lo que viene en adelante sólo puede ofrecer dos caminos: uno muy malo, en el que, dado el caso, el Tribunal Electoral ratifique el entender y la sanción del INE, con lo cual la mirada de propios y extraños apuntaría hacia la congruencia del árbitro electoral con la enorme cantidad de casos similares que están en curso o que es probable que se desaten en los meses por venir; y otro peor, en el que, dado el caso, el Tribunal Electoral instruyera al INE a rectificar la sanción a Moreno Valle, con lo cual la puerta de Pandora quedaría abierta para la simulación extrema de aquí al proceso electoral de 2018.

Ignoro cuál de ambas versiones de inutilidad del árbitro sea peor para el país, si la de un árbitro incapaz de generalizar la aplicación de sanciones ante las prácticas ventajistas y de simulación de los competidores; o si la de un árbitro impedido para gestionar la equidad en la competencia electoral. Menos lugar hay a la duda de que la democracia electoral mexicana carece hoy de un árbitro imparcial, con la suficiente autoridad moral, para imponer con respeto sus decisiones. 

La inutilidad del árbitro, por cierto, dista mucho de ser cosa reciente. Los fuertes síntomas de su captura por parte de las elites de los partidos políticas se registraron en las elecciones intermedias de 2003 y se exacerbaron en las elecciones presidenciales de  2006 y 2012. Prueba irrefutable de ello es la curva decreciente de la confianza social en el árbitro electoral de los últimos diez años. La diferencia es que hoy los propios artífices y beneficiarios del arreglo actual, los partidos políticos en control del INE, siguen sumándose a la desconfianza en el árbitro electoral.  

Suena duro de decir, pero no por ello es menos cierto: la democracia electoral mexicana dispone de un árbitro cuya utilidad no va más allá de organizar elecciones bajo circunstancias cómodas de escasa competitividad y/o de un ganador interno al arreglo partidocrático. La mala noticia es que el escenario de 2018 pinta para una confrontación fuerte entre los dos partidos del sistema (PAN y PRI), pero también con un competidor fuerte y polarizado con éstos. Dicho con toda crudeza, esto significa que serán demasiadas y muy bravas las olas para ser sorteadas por una nave tan frágil como el INE.

El escenario del árbitro inútil está aquí, a menos de dos años del comienzo de las hostilidades. Resulta ingenua la suposición de que la coalición partidocrática intentará en el breve plazo un esquema de diferente a la captura y al arreglo de control por cuotas algo para remediar la situación. Así, hoy por hoy, el desenlace de los comicios presidenciales de 2018 es más una apuesta a que privará un entorno favorable que a la gestión virtuosa del árbitro electoral. 

*Analista político

@franbedolla

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