Vox | Nacional

¿Dictadura constitucional?

2016-12-14 19:07:00
Por Francisco Bedolla Cancino
Periódico Síntesis Columinista Francisco Bedolla Cancino

Con sus declaraciones sobre la incomodidad de los altos mandos castrenses con su involucramiento inconstitucional en las tareas policiales, el General Cienfuegos puso el dedo en la llaga de las consecuencias desastrosas de una década signada por el derramamiento inútil de la sangre de cientos de miles de personas, por la conversión del territorio nacional en un cementerio de cuerpos anónimos y por la violación sistemática de los derechos humanos.

Puestos en los zapatos de la elite castrense, difícil resulta desentenderse de sus razones. No fue decisión propia la de salir a las calles para suplantar a las autoridades municipales, estatales y federales responsables de la seguridad pública (seguridad interior, en el argot castrense), pero sí lo ha sido el allanarse a las instrucciones del comandante supremo en turno (Calderón Hinojosa y Peña Nieto), de persecución del crimen organizado.

Dicho sin rodeos: la elite militar entiende a la perfección la inconstitucionalidad de su intromisión en las tareas de seguridad pública; su falta de capacidad y experiencia para combatir delincuentes civiles, sin comprometer los derechos humanos; y la improbabilidad de que se modifiquen las circunstancias de la inoperancia de los poderes públicos, que torna indispensable su participación en asuntos de competencia civil. De ahí que su postura de que si las fuerzas castrenses han de seguir en la calle, la petición de que al menos se les de cobertura constitucional no debería llamar a sorpresa. Baste con recordar el incidente de la petición del grupo interdisciplinario de expertos independientes de llamar a declarar a militares presuntamente implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que motivó la airada negativa de sujetarse a las leyes y las autoridades civiles.

Y es que, valga la insistencia, visto desde la óptica militar, sobran razones para que se sientan víctimas de la ineficiencia de las autoridades civiles, sobre todo de cara al reclamo de los especialistas y los defensores de los derechos humanos, que encuentran múltiples indicios y razones de múltiples atrocidades perpetradas por los cuerpos castrenses, de las cuales el caso de Tlatlaya resulta el más emblemático.

Así que cuando uno cree que ya ha visto lo peor, irrumpen nuevos episodios que superan con creces los antecedente conocidos. Al buen entendedor, pocas palabras: la elite militar, partiendo del entendido de que los poderes públicos ni entienden el problema (quizás porque son parte medular de éste) ni pueden enfrentarlo, y de que el titular del ejecutivo federal no tiene en mente eximirles de su participación en el corto plazo, exige garantías constitucionales para operar. A ello responde la solícita respuesta de la Cámara de Diputados, para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, para desempolvar y aprobar la iniciativa que ampliaría las facultades del Ejército mexicano y convertiría en regla la excepción de intervención militar en asuntos civiles.

Tácitamente, dicha iniciativa abre las puertas a un régimen de corte militar. En tratándose de una cesión de origen civil, en la que el poder legislativo constituido por voluntad propia expande las facultades de los organismos militares en demérito de los poderes civiles, me resisto a calificarle como dictadura, pese a que tiene todo el aroma de tal.

A propósito de lo anterior, es innegable la urgencia de replantear los términos del problema del combate al crimen organizado. La fórmula actual, que es una continuidad del enfoque basado en responder a la violencia física de las organizaciones criminales con la violencia legítima, igualmente física, del Estado, sigue sin ofrecer indicios ni buenas razones para pensar en que será exitosa. Peor aún, lo que sí puede darse por descontado es que la legalización de la intervención del Ejército en el combate a la delincuencia implicará la expansión de los actos de vulneración de los derechos humanos.    

Al llamado legítimo de atención del Ejército sobre su incómoda situación, la clase política mexicana respondió  de la manera más burda y simplona; y en lugar de plantearse con seriedad el objetivo estratégico de reinventarse para enfrentar la amenaza del crimen organizado y compensar sus debilidades presentes, está caminando en dirección de allanarse a la invocación castrense. Tamaño simplismo me recuerda un episodio simplón de la vida universitaria, en la que para salir al paso de los altísimos índices de reprobación en matemáticas e inglés en la carrera de ciencias políticas, se procedió a impulsar la desaparición de dichas asignaturas del plan de estudios.

Así las cosas, al buen entendedor, pocas palabras. La clase política no tiene ganas ni arrestos para enfrentar con seriedad el problema de su destrucción creciente, y como lo que tiene más al alcance de su cansina mano es el poderío militar, pues se apresta a complacerle con un nuevo marco constitucional. Si algo extraordinario no sucede en las próximas semanas, lo más probable es que a comienzos del próximo año las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD, acompañados por sus satélites, los minipartidos, concreten la meta inédita de un poder civil echado a los brazos del poder militar.   

 

*Analista político

@franbedolla

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